Tegucigalpa – La Procuraduría General de la República (PGR), comunicó este viernes que apelará el cambio de medidas otorgado al diputado Nelson Márquez y otros imputados.
El subjefe de la bancada del Partido Nacional es acusado por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de fraude.
En las últimas horas, un juez natural designado determinó revocar la medida de arresto domiciliario a Márquez, los abogados Juan Madrid Lezama y Caronte Rojas; los jueces Irissabel Miranda, Raymundo Grádiz y Eva Vásquez; y la excoordinadora de gobierno, Martha Doblado.
La PGR consideró que la resolución carece de fundamentos dada la gravedad del caso, y que presentará impugnaciones.
Requerimiento fiscal
Según el requerimiento fiscal del Ministerio Público, los imputados supuestamente drenaron tres mil 084 millones de lempiras mediante demandas ilegales.
El requerimiento fiscal surge en el contexto de los hechos a que en el año 2000 tras el paso del huracán Mitch, cuando el Estado de Honduras, con fondos de cooperación internacional, adjudicó un contrato a la empresa estadounidense DRC Inc., la cual no estaba autorizada para operar en Honduras, subcontrató presuntamente de forma irregular a NAINSA, según el MP.
Mientras que en 2001, de acuerdo al relato oficial de la Fiscalía, el cooperante canceló la ayuda por inconsistencias en el contrato, años después ambas empresas promovieron demandas fraudulentas basadas en un laudo arbitral que nunca fue homologado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de acuerdo a la acusación fiscal.
DRC Inc. celebró un acuerdo confidencial con NAINSA, sin que esta última hubiera tenido relación contractual alguna con el Estado.
En enero de 2020, como parte de esa misma estrategia, Márquez en su cargo de secretario de Sedecoas, remitió a la Procuraduría General un informe legal que recomendaba firmar un acuerdo ejecutivo para evitar una «erogación mayor» de acuerdo al MP.
Un mes después, Sedecoas y NAINSA suscribieron el convenio extrajudicial mediante el cual acordaron pagos millonarios, al margen de los procesos judiciales en curso.
Posteriormente en el año 2022, el juez Raymundo Gradiz Viloria admitió otra demanda millonaria contra el Estado de Honduras. De acuerdo con las investigaciones, los jueces que ya conocían la nulidad del laudo arbitral continuaron ordenando pagos millonarios al margen de la ley.
Según el requerimiento fiscal, en una de las audiencias clave, el imputado Héctor Alvarado Mejía, representante en su momento del Estado (PGR) no asistió, justificando su ausencia con un certificado médico cuya autenticidad fue puesta en duda de acuerdo al mismo informe del MP. AG
