Tegucigalpa – Víctimas de discriminación, desplazamiento forzado, de violencia física, psicológica y sexual, las personas con discapacidad demandaron hoy que el Congreso Nacional apruebe la Ley por los Derechos de las Personas con Discapacidad en Honduras, lo que permitirá armonizar la legislación nacional con los estándares internacionales de derechos humanos.
– Se estima que, en Honduras, el 15 % de los 9.7 millones de habitantes, tienen alguna discapacidad física, mental, intelectual o sensorial y que, cada día, luchan contra las barreras físicas, sociales y legales que limitan su autonomía personal y el ejercicio pleno de sus derechos.
Betina Hernández, coordinadora de la Defensoría de Personas con Discapacidad del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) destacó la necesidad de tener una política pública que cuente con la asignación de recursos para su ejecución y advirtió que, de lo contrario, se volverá “papel mojado”.
Se estima que, en Honduras, el 15 % de los 9.7 millones de habitantes, tienen alguna discapacidad física, mental, intelectual o sensorial y que, cada día, luchan contra las barreras físicas, sociales y legales que limitan su autonomía personal y el ejercicio pleno de sus derechos.
Su situación de pobreza, el limitado acceso a una fuente de empleo, a la educación, son males que afectan, en gran medida, a las personas con discapacidad y sus familias, que los ubica entre los más excluidos de la sociedad.
Hernández reiteró que, para hacerle frente a estos males, es urgente e indispensable la implementación de políticas de Estado equitativas que permitan garantizar la participación de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones y derechos, sin ningún tipo de discriminación.
Tan cruda es la realidad, que las personas con discapacidad enfrentan problemas como la discriminación, que les afecta desde la niñez con oportunidades educativas restringidas, carencia de servicios de salud para la habilitación o rehabilitación, falta de oportunidades laborales, inmovilidad y encierro obligatorio en el peor de los casos, cuestionó.
Un estudio reciente realizado por la Asociación Hondureña de Lesionados Medulares y Similares (AHLMYS) y la Unidad de Desarrollo Integral de la Mujer y la Familia (UDIMUF) reveló que 9 de cada diez mujeres con discapacidad admitieron haber sido víctimas de violencia de género.
El 38 % de las consultadas expresó haber experimentado violencia física, otro 38 % violencia psicológica, un 10 % violencia sexual, otro 10 % ser víctima de discriminación, mientras que un 4 % ser víctimas de desplazamiento forzado.
En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Hernández declaró que es un aldabonazo en la conciencia de cada uno de nosotros y una cruda realidad que debe llamarnos a reflexionar, porque estos hechos ocurren tanto en el ámbito público como en el privado.
Indicó que las discapacidades física, intelectual, visual y múltiple no solo aumentan la vulnerabilidad a la violencia, sino que también agrava la intensidad, la frecuencia del abuso y limita las oportunidades de desarrollo personal y profesional de las personas con discapacidad.
Otra de las preocupaciones señalada por Hernández es que alrededor del 88% de las personas con discapacidad no cuenta con un empleo remunerado, situación que contribuye a su dependencia económica, reforzando un ciclo de exclusión y vulnerabilidad.
Advirtió que la situación es más grave de lo que parece, ya que gran parte de las personas con discapacidad no denuncian a sus agresores porque la violencia proviene muchas veces de su cuidador, pareja o de su familia de la que depende.
Una persona que tiene dificultades de desplazamiento, para ver o escuchar, es más complicado que pueda llegar a presentar una queja o una denuncia y más, si la agresión viene de la persona que la cuida o de su propia familia.
Entre el 2023 y junio del 2024, el Conadeh atendió 46 quejas de personas con discapacidad que denunciaron, entre otras modalidades violatorias de los derechos humanos, despidos ilegales , falta de acceso a la justicia, hostigamiento físico, psicológico, discriminación, amenazas, divulgación de información personal y persecución laboral.
Entre los más denunciados, por las personas con discapacidad, figuran entes gubernamentales, empresa privada, instituciones descentralizadas, la Secretaría de Seguridad, el Poder Judicial y las instituciones autónomas. JS
