Tegucigalpa (Proceso Digital) – En Honduras, la libertad de expresión enfrenta serios desafíos que afectan el ejercicio pleno de los periodistas y comunicadores. A medida que los dueños, sus medios, los periodistas enfrentan crecientes presiones, así como una serie de leyes y acciones que amenazan su independencia, se vuelve crucial analizar el estado actual de la libertad de expresión en este país y su impacto en la sociedad.
El panorama de los medios no es halagador en Honduras. El ejercicio periodístico se ha vuelto cada vez más peligroso, con una preocupante cifra de periodistas asesinados y agredidos en los últimos años. Según datos recopilados por organizaciones de derechos humanos y por Reporteros Sin Fronteras (RSF), Honduras se encuentra entre los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo en América Latina.
Se han registrado asesinatos de periodistas y comunicadores en actos de violencia que se desconoce si están o no relacionados con su labor, ya que la mayoría de los casos permanecen en la impunidad, pero, un número alarmante evidencia la vulnerabilidad en que los comunicadores y periodistas trabajan para informar a la sociedad.
Otro aspecto relevante es que existen leyes y regulaciones que amenazan la libertad de expresión y la independencia de los medios en Honduras. Recientemente, se ha propuesto una iniciativa que busca acentuar las penas carcelarias y establecer restricciones adicionales a la labor periodística. Estas medidas podrían actuar como un «bozal» a los medios y a sus dueños, limitando su capacidad de investigar, informar y ejercer su papel de contrapoder. Esa última amenaza se mantiene viva en la Cámara Legislativa.
Los defensores de la libertad de expresión y sus organizaciones señalan la urgencia de la toma de medidas que garanticen un entorno seguro y propicio para el ejercicio del periodismo. Indican que es esencial que se realicen investigaciones exhaustivas y se lleve a cabo un proceso judicial adecuado en los casos de violencia y agresiones contra periodistas. La impunidad no puede prevalecer, ya que envía un mensaje negativo y fomenta la perpetuación de estos actos violentos.
Para muestra un botón
Un ejemplo del momento en que la prensa hondureña se desenvuelve la denuncia interpuesta por la presidenta del Colegio de Periodistas de Honduras en la zona norte, Lizeth García, quien acompañada de decenas de sus colegas detalló a mediados de este mayo en San Pedro Sula que han presentado ante el Ministerio Público una denuncia por amenazas a muerte a dos periodistas.
Los periodistas, un hombre y una mujer, han recibido reiteradas amenazas a muerte a través de mensajes intimidantes en redes sociales y en sus aparatos móviles.
“Son amenazas fuertes, no sólo los han amenazado a ellos, sino que también a sus familias (…), la situación bien problemática, no queremos estar en futuro lamentando por eso estamos denunciado a tiempo”, manifestó la periodista.
Igualmente, en Honduras se hace cada vez más necesario promover un diálogo abierto y constructivo entre las autoridades, los periodistas y la sociedad civil para abordar los problemas estructurales que obstaculizan la libertad de expresión en el país. Esto incluye revisar y modificar leyes y regulaciones que restrinjan indebidamente el ejercicio periodístico, así como fortalecer los mecanismos de protección existentes para garantizar su efectividad.
El mecanismo de protección
El deterioro del mecanismo para la protección de periodistas y defensores humanitarios se ha deteriorado a niveles inigualables, señalan las organizaciones que defienden la libertad de expresión y la vida de los periodistas.
Los periodistas también abogan por fomentar una cultura de respeto y valoración del periodismo de calidad.
Todo ese conjunto de circunstancias muestra como la libertad de expresión en el país enfrenta desafíos y amenazas significativas. La violencia contra los periodistas, las restricciones legales y los intentos de limitar su labor representan serias preocupaciones.
CIDH destaca obstáculos a la libertad de
expresión en Honduras tras visita in loco
En su informe tras la visita in loco a Honduras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha manifestado su preocupación por los obstáculos persistentes que enfrenta la libertad de expresión en el país. El informe preliminar, basado en un análisis de la situación, resalta los desafíos y las acciones necesarias para garantizar un entorno seguro y propicio para el periodismo en Honduras.
La CIDH, como parte de su labor de monitoreo y promoción de los derechos humanos en la región, realizó una visita in loco a Honduras con el objetivo de evaluar la situación de la libertad de expresión y otros derechos fundamentales. Durante su visita la comisión se reunió con periodistas representantes de medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y autoridades gubernamentales.
En su informe preliminar la misión concluyó que la violencia y la impunidad son una de las más graves afectaciones del derecho a la libertad de expresión. La CIDH fue informada del temor de la prensa para dar cobertura a varios temas como corrupción, crimen organizado, seguridad ciudadana, migración, conflictos agrarios y mineros.
La CIDH y su Relatoría consideran fundamental la adopción de un protocolo especializado que asegure la adecuada investigación de los crímenes contra periodistas; y reiteran su llamado al Estado a dotar de presupuesto a la Fiscalía Especial para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (FEPRODDHH), y a garantizar su funcionamiento eficaz.
Asimismo, preocupa la permanencia de los delitos de calumnias e injurias en el Código Penal.
En cuanto a la situación de las personas periodistas, la violencia y la impunidad son una de las más graves afectaciones del derecho a la libertad de expresión. Durante la visita, se reportó a la CIDH denuncias de amenazas, agresiones físicas, atentados armados y hostigamiento, sobre todo contra quienes cubren asuntos como corrupción, crimen organizado, seguridad ciudadana, migración, conflictos agrarios y mineros. La CIDH fue informada del temor de la prensa a abordar este tipo de temas por la conflictividad que implica. También conoció del desinterés de las autoridades estatales de prevenir la violencia, investigar delitos contra periodistas y brindarles protección ante el riesgo derivado de su labor. “Fueron constantes las alegaciones de que las instituciones no estarían cumpliendo con sus obligaciones de manera oportuna, completa, efectiva e imparcial», señala el informe de la misión de la CIDH.
Los delitos contra el honor criminalizados en el actual Código Penal son también una preocupación para la CIDH en vista que criminaliza el ejercicio de la libertad de expresión. También fueron consignadas denuncias sobre limitaciones para el acceso a fuentes políticas y para la cobertura de actos públicos y conferencias de prensa de forma discrecional.
“Según fue señalado, algunas instituciones como el Congreso y la Casa Presidencial estarían negando selectivamente las acreditaciones de prensa a ciertos medios de comunicación con base en su línea editorial. Por su parte, el decreto PCM-023-2022 genera preguntas y abre un margen de incertidumbre frente a los impactos que podría tener para la libertad de expresión, al crear en el ámbito ejecutivo una Dirección General de Información y Prensa con atribuciones amplias”, detalla el informe.
Asimismo, la relatoría para la libertad de expresión recibió “numerosos testimonios sobre el aumento de discursos estigmatizantes de funcionarios públicos y líderes políticos en contra de la prensa que investiga e informa de manera crítica sobre las políticas gubernamentales. La relatoría pudo observar que este conjunto de factores ha propiciado la autocensura entre periodistas y comunicadores.
En el amplio despliegue dedicado en su informe al tema de los periodistas, la libertad de expresión y el acceso a la información, se resaltan avances como la derogación de la Ley de Secretos y los reportes del IAIP sobre cumplimiento de las instituciones obligadas en difundir información pública, no obstante, la misión y la relatoría tuvieron conocimiento que muchas de las solicitudes de la ciudadanía son respondidas fuera de plazo, o que la información aportada no es completa y no cumple con los requisitos de calidad que exigen los estándares internacionales en la materia.
En el documento se advierte sobre el delgado hilo en que transita la libertad de expresión en Honduras, al señalar que el país enfrenta procesos de fractura social que deben ser tramitados democráticamente y requieren de garantías para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, señala, tras abogar por espacios para un debate público abierto y desinhibido sobre asuntos de interés público, en donde prevalezcan la tolerancia y la interacción democrática con la crítica. Esto, asegura, requiere de espacios plurales y diversos en donde las vocerías institucionales que participan en el debate tienen “deberes especiales de cuidado a fin de que sus expresiones no generen presión lesiva en los derechos de las personas que contribuyen a la deliberación pública”.
RSF y su informe demoledor
El último informe de Reporteros sin Fronteras indica que Honduras ha caído nuevamente cuatro escalones en el ranking de libertad de expresión, en tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte de los riesgos que enfrenta la prensa y los periodistas en el país, mientras una resolución del Consejo de Defensa y Seguridad, avalada en el gabinete ampliado de gobierno, se apresta a criminalizar la protesta que tiene como base un Código Penal que no termina de ser derogado ni reformado como prometieron en campaña las actuales autoridades.
Honduras pasó en la medición de Reporteros sin Fronteras (RSF) de la posición 165 de 180 países en el 2022, a la posición 169 de 180 países en el 2023, es decir, cayó cuatro escalones y lo convierte en un país de alto riesgo para el ejercicio del periodismo.
Las elecciones presidenciales de 2021 dieron la victoria a la candidata de la izquierda opositora Xiomara Castro (Partido Libre), poniendo fin a más de una década en el poder del Partido Nacional, después de tres mandatos presidenciales. La llegada al poder de la primera mujer presidenta generó muchas expectativas por su agenda de derechos humanos, señala RSF.
“No obstante, los periodistas se enfrentan a retos similares a los que encaraban con gobiernos anteriores: discursos denigrantes de los nuevos funcionarios, el rechazo al acceso a las fuentes informativas a periodistas no afines al gobierno y la falta de protección contra las amenazas. El nuevo Código Penal, aprobado en 2020, contiene artículos liberticidas, en especial, la penalización del derecho de manifestación y reunión”, señala.
“Estos cambios también afectan a toda la cadena informativa, al imponer multas y prisión no sólo a periodistas, sino a quienes reproduzcan sus escritos. El código viola estándares internacionales de derechos humanos y constituye una amenaza para la libertad de prensa”, apunta la organización internacional.
De acuerdo con RSF, “la prensa hondureña vive un lento descenso al infierno desde hace más de una década”, y el país sigue siendo uno de los más mortíferos para el periodismo en el continente americano, lo cual crea un clima de autocensura y miedo en la prensa.
Un clima que se vuelve más denso, luego de la denuncia de los periodistas sampedranos ante el Ministerio Público por las amenazas a muerte en contra de dos de sus integrantes, al grado que uno de ellos tuvo que ser llevado ante una casa de seguridad proporcionada por el estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh), dado la gravedad de las intimidaciones y amenazas a muerte. (PD)
