Tegucigalpa – Recién había culminado una batalla por la defensa de la libertad de expresión al abortar una propuesta de reformas a la Ley de Telecomunicaciones, conocida como “ley mordaza”, cuando la prensa hondureña nuevamente es llevada al ojo del huracán de la violencia con el registro de atentados y ahora el desaparecimiento del periodista Aníbal Barrow, todo ello en menos de un mes.
La privación de la libertad del periodista Aníbal Barrow, se produjo luego del atentado que fuera objeto el 20 de mayo el corresponsal del medio televisivo Hable como Habla, Ramón Maldonado, en la ciudad de La Ceiba.
También, cuando el 12 de junio, en un hecho aún no esclarecido por la autoridad, es herido de bala el periodista Tony Quintero.
El comunicador social Ramón Maldonado se disponía la mañana del 20 de mayo a cubrir las noticias de la zona cuando junto a su camarógrafo fueron objeto de un atentado, al ser interceptados por un presunto sicario que comenzó a disparar al vehículo en que se conducían, logrando salir ilesos. Nueve disparos fueron hechos por el supuesto sicario, los que impactaron en el radiador del carro y otras partes del mismo, se informó.
Dos días después del atentado, Maldonado denunció que la autoridad policial de la zona poco o nada ha hecho para esclarecer el hecho, que se produjo justo cuando pobladores de la zona habían efectuado una marcha de protesta en contra de la violencia y la inseguridad.
El 12 de junio, en Tegucigalpa, el periodista Tony Quintero había llegado a un taller de electromecánica para arreglar el radio de su vehículo, cuando desconocidos dispararon contra su vehículo, ocasionando la muerte del mecánico e hiriendo al comunicador. La versión preliminar del periodista Quintero es que ese atentado no era contra él, sino quizá contra el mecánico presuntamente por negarse a pagar el mal llamado “impuesto de guerra”. Sobre este caso, la autoridad se ha llamado también al silencio, no hay versión oficial.
Periodismo de riesgo
En el marco de la libertad de expresión, los atentados y el secuestro del periodista Aníbal Barrow sólo develan que el periodismo hondureño sigue siendo un ejercicio de alto riesgo en Honduras, donde las amenazas al derecho a la palabra van desde artimañas legales para regular contenidos informativos e indicar qué es periodismo, hasta la expresión más abominable como es la intimidación con balas y el rapto, entre otros patrones.
Estos episodios no son nuevos para el periodismo hondureño que ha visto caer en los últimos años más de una treintena de periodistas y comunicadores sociales, de cuyas muertes sólo una ha sido judicializada, mientras otras seis tienen un proceso estancado.
Si bien los hechos no son nuevos, no dejan de sacudir al periodismo nacional que ve como estos patrones de criminalidad se repiten con mayor frecuencia. El rapto del conductor del programa “Aníbal, nada más” tiene en vilo a la prensa, en especial ante el silencio de las autoridades policiales en las primeras horas del suceso. Las únicas versiones aisladas que se conocieron fueron de los militares de la 105 Brigada con asiento en San Pedro Sula.
Por ellos se sabe que buscan por aire, mar y tierra al comunicador cuyo vehículo en que se conducía fue encontrado en las zonas de las cañeras entre Villanueva y San Manuel, Cortés. El mutismo de la autoridad hace que crezca la incertidumbre e incluso que corran los rumores atribuidos a “fuentes policiales” que “tienen prohibido hablar”. |
Especulación se impone
El impacto del silencio es tal, que determinados sectores políticos intentan llevar agua a su molino aprovechando las mil y una especulaciones, queriendo hacer del comunicador una “víctima política” que les reditúe con fines electoreros. Ante la falta de un informe oficial preliminar, la especulación gana terreno y afecta así la imagen del país y del gobierno del presidente Lobo Sosa.
Datos proporcionados por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) indican que Honduras registra del 2009 a la fecha seis casos entre raptos y secuestros de periodistas y comunicadores sociales. El Comisionado es del criterio que esa tendencia no es una buena señal para la prensa ni el clima de libertad de expresión y derecho a la información. |
Registro de raptos y secuestros
El Conadeh registra el caso del periodista y abogado, Bernardo Paz, raptado el 14 de marzo de 2009, su cuerpo fue encontrado el 9 de julio de ese mismo año en una montaña en Buena Vista Florida, en Copán.
El 15 de mayo de 2009 fue secuestrado el periodista Andrés Torres, quien fue liberado el 2 de junio tras 18 días de cautiverio y el pago de un rescate no determinado.
Como un hecho ligado a la comunicación social, el Conadeh registra el secuestro del hijo del periodista Eduardo Maldonado, el joven José Luís Maldonado, el 10 de enero de 2010, quien fue liberado el 5 de febrero tras 27 días de cautiverio.
El 22 de noviembre de 2011 fue secuestrado el empresario de medios de comunicación de Comayagua y La Paz, René Martínez Vijil, quien fue liberado un día después, desconociéndose los motivos del mismo.
El 9 de mayo de 2012, es raptado el coordinador de noticias de HRN en Tegucigalpa, el periodista Alfredo Villatoro y su cuerpo fue encontrado el 15 de mayo en una zona residencial de la capital con dos disparos en su rostro. Las causas siguen sin conocerse.
A fines de mayo, una misión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) vino al país para tomar el pulso a la libertad de expresión en dos sentidos: la amenaza de una ley mordaza que tuvo crispado al país durante cuatro meses y que fuera abortada tras la instalación de una mesa de diálogo y la suscripción de un pacto nacional de autorregulación periodística y el fomento de una cultura de paz.
El otro propósito era la situación de impunidad en la muerte de periodistas y el compromiso del gobierno por crear un programa de protección a periodistas y un equipo especial de investigación, cosas que no se ha cumplido aduciendo razones presupuestarias. La delegación de la SIP al término de su visita dijo irse “muy preocupada” al indicar que las amenazas de censura, atentados e intimidaciones siguen vigentes.
El caso del periodista Aníbal Barrow confirma esas sospechas y nuevamente este organismo internacional pide una investigación exhaustiva, que el caso sea resuelto en forma rápida, en tanto el Comisionado Nacional de Derechos Humanos lanzó un comunicado urgente abogando por el respeto a la vida, una atención médica debida al periodista ante las dolencias que padece y por un pronto retorno a su hogar.
El huracán de la violencia nuevamente ha puesto a los periodistas en el centro de una espiral imparable en un país donde son víctimas de la misma un promedio diario de 20 hondureños y hondureñas. |
