Periodistas bajo línea de fuego en Honduras

Tegucigalpa – El gremio periodístico sufre en carne propia el embate de la violencia en Honduras. Al menos un comunicador fue asesinado cada 41 días este 2019, de acuerdo a los recuentos de entes estatales.

Según registros del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), solo en este año han sido asesinados los comunicadores: Gabriel Hernández (Nacaome), Santiago Carvajal (Puerto Cortés), Melvin Tinoco (Santa Bárbara), Joel Aguilar (Copán), Kerin Francisco Cerna (Copán), Buenaventura Calderón (Gracias a Dios), Johana Alvarado (Olancho) y José Arita (Puerto Cortés).

Apenas en la última semana, dos periodistas murieron en condiciones violentas: uno en Catacamas y otro en Puerto Cortés.

José Arita

El comunicador José Arita se convirtió en el segundo comunicador que muere violentamente en la ciudad de Puerto Cortés en lo que va de 2019. El 6 de julio del pasado, también fue ultimado a balazos, en circunstancias aún no esclarecidas, Santiago Carvajal, que dirigía el programa de revista informativo de televisión “La Galaxia de Santi”

Arita, que dirigía el programa “La Hora de la Verdad” que se transmitía por Puertovisión Canal 12 de Puerto Cortés, fue interceptado por sujetos desconocidos que lo ultimaron a balazos, en horas de la noche, después de salir de las instalaciones del medio de comunicación y se dirigía al centro de la ciudad de Puerto Cortés, en el norteño departamento de Cortés.

Danilo MoralesEn comunicación de Proceso Digital, Danilo Morales, director del Mecanismo de Protección de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH), dijo que ninguno de los dos últimos asesinatos de periodistas tenía denuncias sobre posibles amenazas a sus vidas.

“Los dos últimos casos surgidos en la última semana no teníamos denuncias para identificar el patrón de lo que está pasando en estas situaciones”, expresó.

Morales detalló que muchas de las denuncias que recibe el Mecanismo de Protección se relacionan con algunos excesos de la fuerza pública, así como amenazas de alcaldes o autoridades edilicias en el interior del país.

Igualmente, citó que las acciones del crimen organizado al igual que las maras o pandillas es otra de las situaciones que vulneran la labor de los periodistas o trabajadores de los medios de comunicación.

“Lo otro que hemos identificado es el tema de la polarización política que representa situación de riesgo para los periodistas. Esa situación la hemos observado en varios sectores del país, por ejemplo en la zona sur por mencionar una. Ahí periodistas se han visto confrontados por el factor político”, reveló.

Analizó que la muerte de comunicadores se vuelve una situación compleja y adicionó que los procesos investigativos deben ser eficientes para llegar a las causas y los autores de los crímenes.

Puntualizó haciendo un llamado a los periodistas que consideren están en riesgo por el motivo que sea: “Pedimos a los encargados a labores de comunicación en situación de riesgo que utilicen la instancia que tienen en este momento que para eso se ha creado, no callen lo que está pasando y así evitar más muertes”.

Datos del Mecanismo de Protección

El Mecanismo Nacional de Protección, desde julio de 2015 al 31 de octubre del 2019, ha atendido un total de 500 solicitudes de medidas de protección, de las cuales 374 fueron admitidas y 126 denegadas, estando activos a la fecha un total de 219 casos de medidas de protección de las cuales 151 (69%) casos son de defensores (as) de derechos humanos, 27 (12%) son de periodistas, 26 (12%) son de comunicadores sociales y 15 (7 %) son de operadores de Justicia.

De enero a octubre del 2019, se atendieron 92 solicitudes de casos medidas de protección, de las cuales no se admitieron 31 casos en vista que no cumplen con los requisitos establecidos por la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, y se admitieron 61, de las cuales a la fecha se han archivado por diversas causas un total de 6 casos, estando activos a la fecha 55 casos de medidas de protección.

“Año negro” para libertad de expresión: CPH

Dagoberto RodríguezEntre tanto, el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Dagoberto Rodríguez, dijo que este 2019 “es un año negro para la libertad de expresión en Honduras con la muerte de comunicadores asesinados en 2019”.

Rodríguez agregó que entre enero y noviembre de 2019 fueron asesinados 8 comunicadores sociales para hacer un total de 84 periodistas y comunicadores asesinados entre 2001 y 2019. Más del 90 % en la impunidad.

“Urgimos nuevamente al Estado de Honduras a doblar el presupuesto del Mecanismo de Protección para proteger y salvaguardar la vida de periodistas, comunicadores y defensores de derechos humanos que están en situación de riesgo”, agregó el presidente del gremio.

Por su parte, Santos Gálvez, representante del Colegio de Periodistas de la zona norte de Honduras, consideró que este nuevo ataque a la libertad de expresión debe llamar a la reflexión al gremio periodístico, población y autoridades del país. “Se tiene que investigar más, para que se aclare cada crimen”, externó.

“No solo queremos saber si las muertes tienen que ver con ejercicio periodístico, sino quiénes son los que cometen este tipo de crímenes, queremos a los responsables tras las rejas, pero que no siga habiendo impunidad”, agregó.

Denuncias internacionales

De acuerdo a los recuentos oficiales, en los últimos 10 años suman 74 las personas vinculadas a los medios de comunicación, entre periodistas, comunicadores sociales, camarógrafos, fotógrafos y propietarios de medios, que perdieron la vida en circunstancias violentas en el país.

El Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), anunció que denunciará, ante instancias internacionales, la muerte de casi un centenar de personas vinculadas a medios de comunicación, cuyos crímenes en más del 90 % de los casos se mantienen impunes por falta de investigación.

Hugo MaldonadoHugo Maldonado, presidente del Codeh, condenó el asesinato del comunicador José Arita a manos de desconocidos en la ciudad de Puerto Cortés, al norte de Honduras, y exhortó al actual gobierno que ordene a quien corresponda la debida investigación para que el crimen no se sume a la larga lista de impunidad en el país.

Anunció que denunciará ante instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la muerte violenta de periodistas y a las autoridades hondureñas por mantener en la impunidad el 90 % de los crímenes contra personas vinculadas a medios, ya que apenas ocho casos han sido resueltos.

El defensor de los derechos humanos expresó su preocupación por la escalada de asesinatos contra comunicadores sociales que, con la muerte violenta de Arita, aumentó a 8 en lo que va de 2019 y a 84 desde que se registró el primer caso, en octubre de 2001.

Maldonado recordó que la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión señala como deber de los Estados prevenir e investigar el asesinato, secuestro, intimidación y las amenazas dirigidas a los comunicadores sociales.

16 departamentos escenario de muerte
violenta de personas vinculadas a medios

El defensor advirtió que en Honduras la violencia contra periodistas continúa siendo una amenaza muy grave para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de información, particularmente contra quienes cubren marchas de protesta social y hechos relacionados con el crimen organizado y la corrupción gubernamental.

“El ejercicio del periodismo se ha convertido en una labor de alto riesgo para las personas que la ejercen”, indicó.

Al menos, 16 de los 18 departamentos del país han sido escenario de muerte violenta de personas vinculadas a medios de comunicación, con excepción de La Paz y Ocotepeque donde no se ha registrado ningún caso.

De esta radiografía de la inseguridad para periodistas, comunicadores sociales y demás personas ligadas a medios de comunicación, en Honduras, los departamentos de Francisco Morazán (19), Cortés (19), Yoro (8) y Copán (8) reportan el 64 % de las muertes.

Cuestionó que las autoridades encargadas de la investigación en el país no actúan con la debida diligencia y les niegan a las víctimas el derecho a conocer la verdad.

Lamentó que, dada la situación actual, “la impunidad seguirá y lo que más nos preocupa es la sordera del Poder Ejecutivo”.

Indicó que el sistema de justicia hondureño está en la obligación de prevenir, investigar y castigar al o los responsables de cometer asesinatos y amenazas contra periodistas, comunicadores sociales, camarógrafos, fotógrafos y propietarios de medios de comunicación.