Tegucigalpa – Pese al incremento en presupuesto y contratación de personal, los resultados del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP) de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) siguen siendo insuficientes y mantienen un grave impacto en las finanzas públicas, alertó hoy un informe de la Asociación Más Justa (ASJ).
-Más presupuesto y personal no han significado menos pérdidas, concluye el informe.
El capítulo hondureño de Transparencia Internacional recordó que, al asumir la Presidencia en 2022, Xiomara Castro se comprometió a enfrentar el histórico problema de pérdidas en la ENEE. Sin embargo, tres años y medio después, los indicadores no muestran avances, al contrario las pérdidas se incrementaron.
Al inicio de la administración, las pérdidas de energía alcanzaban el 33.36 %, la cifra más alta de Centroamérica. Ese mismo año se aprobó la Ley especial de energía, que dio origen al Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP) con la meta de reducir en 14 % las pérdidas en un plazo de cuatro años. Para cumplir este objetivo, entre 2022 y 2025 se destinaron recursos adicionales para la ampliación de la planilla, adquisición de vehículos e inversiones millonarias en el sistema eléctrico.
No obstante, los resultados no han respondido a las expectativas.
Entre 2022 y 2025 se asignaron 25 mil 987 millones de lempiras y se contrataron 4 mil 507 personas para labores de distribución y reducción de pérdidas. A pesar de ello, a junio de 2025 las pérdidas aumentaron a 35.83 % (equivalentes a 40 mil 16.6 millones) y se proyecta que cierren el año en 34.40 %.
Actualmente, la ENEE cuenta con 5 mil 790 empleados (incluyendo personal del PNRP y la UTCD), lo que representa un 57 % más que en 2022 y expone a la institución a un alto riesgo de demandas laborales debido a la modalidad de contratación.
El impacto financiero es alarmante. El saldo de deuda de la ENEE asciende a 75 mil 861.4 millones de lempiras, un incremento del 15 % respecto a 2021. Además, la deuda con generadores de energía supera los 16 mil millones, mientras que la dependencia de transferencias de la administración central continúa, con una asignación acumulada de 43 mil 511 millones entre 2022 y 2025.
En conclusión, más presupuesto y personal no han significado menos pérdidas, y se siguen repitiendo los mismos errores de administraciones anteriores.
Ante esta situación, ASJ recomendó unificar el PNRP, la Unidad Técnica de Control de Distribución (UTCD) y distribución, con metas claras y rendición de cuentas. Además, apostar por inversión estratégica y tecnología avanzada (medidores AMI, prepago y monitoreo en tiempo real), así como concentrar esfuerzos en zonas de mayores pérdidas, eliminar redes ilegales y focalizar los subsidios únicamente en hogares vulnerables. (RO)
