El 6 de enero pasado, el Presidente, en Consejo de Ministros, promulgó el PCM-138-2020 para supuestamente construir las represas que servirán para controlar las inundaciones en el Valle de Sula. Hay quienes piensan que ese PCM es un tiro de gracia para la ENEE, pero yo pienso que es el tiro de gracia al sector eléctrico. Permítanme explicar por qué.
Para comenzar, el PCM contradice la Ley General de la Industria Eléctrica, LGIE, Decreto Legislativo 404-2013, publicado en La Gaceta el 20 de mayo de 2014. La LGIE manda que el Operador del Sistema, ODS, prepare el plan indicativo de la expansión de la generación y que los proyectos que figuren en ese plan sean contratados mediante licitación pública internacional. El PCM contradice ambos ya que sería el fideicomiso creado en el Banco Atlántida quien decidiría que proyecto se construiría y cuando, ignorando el plan indicativo preparado por el ODS, y luego ENEE tendría que comprar la energía que genere el proyecto, sin que medie licitación pública internacional. En pocas palabras, el PCM viene a destruir la institucionalidad del sector planteada en la LGIE.
Es evidente que la LGIE, un decreto legislativo, prima sobre un PCM, por lo que las disposiciones antes mencionadas y que forman la sustancia del PCM, no pueden entrar en vigencia. Son nulas de pleno derecho. Por otro lado, en un gobierno republicano el Poder Legislativo legisla y el Poder Ejecutivo administra para cumplir con la legislación emanada del Poder Legislativo. Los PCMs tienen como propósito girar instrucciones a los colaboradores del Presidente a fin de volver realidad los decretos legislativos. Solamente en gobiernos dictatoriales, cuando el Poder Ejecutivo asume las funciones del Poder Legislativo, el Jefe de Estado legisla en Consejo de Ministros. En resumen, todas aquellas disposiciones del PCM que entran en conflicto con la LGIE son nulas y no pueden aplicarse.
Según uno de los Considerandos el PCM es necesario para cambiar la matriz energética de tal forma que se genere con recursos naturales renovables. No obstante, la energía fotovoltaica se ha convertido en la opción más barata, de tal manera que ha desplazado a la hidroeléctrica y a la térmica. Es por tanto innecesario promulgar un PCM para propiciar el cambio en la matriz eléctrica ya que eso ocurrirá naturalmente, como está sucediendo en todo el mundo.
Otro de los Considerandos menciona que es necesario construir proyectos hidroeléctricos para solventar la “crisis energética”. No sé a qué crisis se refieren, salvo que sea la crisis financiera de la ENEE, la cual se agravará si se procediera conforme propone el PCM. En efecto, si los proyectos no están incluidos en el plan que incorpora las alternativas de mínimo costo y si no se contrata mediante licitación pública internacional, entonces seguramente se seguirá cargando a la ENEE con contratos caros que agravarán su crisis financiera.
El Artículo 1 habla de “megaproyectos”, aunque algunos de ellos pertenecen a la categoría de “miniproyectos”. En total se plantea una lista de 14 proyectos, muchos de los cuales no tienen influencia alguna en las inundaciones del Valle de Sula. ¿Cuál fue el criterio para seleccionar esos 14 proyectos? ¿Quién se beneficiará con esto?
El Artículo 2 establece que una vez desarrollado (o abandonado el proyecto por no ser viable) los gastos incurridos en el proceso le serán reembolsados al Fideicomiso por los operadores de los proyectos o por el Estado. ¿Quién decidirá cuáles son los gastos razonables que deben ser reembolsados al Fideicomiso? ¿Podrá el Fideicomiso cobrar lo que le plazca? ¿Cómo se reflejará este pasivo contingente en las finanzas públicas?
El Artículo 3 permite que el Fideicomiso use un listado cerrado para el desarrollo de los proyectos. En otras palabras, el Fideicomiso decidirá quienes pueden participar en el desarrollo y la construcción de los proyectos. Es sabido que la discrecionalidad fomenta la corrupción. ¿Qué recurso tendría quien desea participar pero no se lo permiten al excluirlo en la lista?
El Artículo 4 se refiere a la contratación de deuda para desarrollar los proyectos. ¿Realmente queremos poner en manos del Fideicomiso la contratación de deuda pública? ¿Qué papel jugará el Congreso en la contratación de esa deuda? Recientemente he visto un informe que estima que al final de 2020 la deuda pública llegará al 77% del PIB. Si eso es así, ¿realmente queremos poner la contratación de deuda pública en manos del Fideicomiso?
El Artículo 9 ofrece la garantía del Estado y Acuerdos de Apoyo para el desarrollo de los proyectos, descartando todo lo hecho para que el sector sea autosuficiente y no requiera de esos apoyos que se convierten en pasivos contingentes. La mayoría de los proyectos contratados por la ENEE cuentan con ese tipo de garantía que ha servido para nada. Han dejado de pagarles y a nadie se le ha ocurrido proceder en contra de la garantía del Estado. Los inversionistas saben que esos ofrecimientos no les sirven, así que con lo propuesto no lograrán atraer inversión al sector.
Al final, con o sin PCM, la realidad es que los desarrolladores terminarán vendiéndole a una empresa quebrada, que no tiene con qué pagarles y que no presenta posibilidad alguna de mejorar. A la fecha se ha pagado los atrasos colocando bonos en los mercados financieros internacionales, pero eso claramente tiene su límite y ya estamos muy cerca de él. Los inversionistas serios lo saben y por tanto no participarán en estos proyectos. La única opción para financiar estos proyectos será la banca nacional, la cual ya tiene un significativo compromiso con el sector y me atrevo a pensar que no tendrá entusiasmo para seguir incrementando su exposición en tanto no se resuelva el problema financiero de la ENEE. La banca multilateral y la banca internacional no participarán en estos proyectos por su preocupación por el riesgo reputacional. El asesinato de Berta Cáceres y la incapacidad o falta de voluntad para aprobar legislación nacional para incorporar el Convenio 169 de la OIT a nuestro ordenamiento jurídico militan en contra de la participación del IFC, y otros entes similares.
Para concluir, me parece que el PCM ignora la realidad nacional. Los proyectos para controlar inundaciones son caros porque tienen que ser diseñados de manera que parte de sus embalses no se utilicen para poder acomodar las crecidas cuando estas se dan. En nuestro país eso significa que si se busca pagar los créditos mediante la venta de la energía eléctrica, la tarifa sería tan alta que no se podría pasar al consumidor final, o sea, que por esa vía solo se agravaría la situación financiera de la ENEE y el Estado terminaría pagando la factura. Es muy difícil financiar proyectos para controlar inundaciones, salvo que sea con recursos del presupuesto nacional. La única otra opción es cobrar por la mejoras a los terrenos que al no inundarse valdrían más. De allí surge un impuesto a las mejoras, similar a lo que se hace en otros casos. Sin embargo, no es fácil instituir ese impuesto, como tampoco es fácil cobrarlo.
Si en realidad lo que nos preocupa es el control de inundaciones en el Valle de Sula, entonces habría que actualizar el o los estudios que previamente se hubieran hecho. El propósito sería encontrar la solución de mínimo costo, identificando los bordos, canales, presas y otras obras a construir. Parte de la tarea de los consultores debería ser proponer una opción viable para que el Estado pueda cobrar por los beneficios que produce el proyecto. Si la conclusión fuera que el beneficio es para todo el país, lo que procedería sería financiarlo con recursos del presupuesto nacional. Si los proyectos producen alguna energía eléctrica, entonces lo lógico sería venderla al sistema eléctrico a una tarifa que resulte de participar en una licitación, o que sea la tarifa que prime en el mercado de oportunidad.
A pesar de lo que dicta la razón y lo que aporta la experiencia, vivimos en Honduras y es posible que el Presidente se rehúse a derogar su PCM. Si eso fuera así, me temo que habrá que esperar a la próxima Administración para, mediante otro PCM, deshacer los desaciertos de esta Administración. Caso contrario, olvidémonos del sector eléctrico estatal y recurramos al autoabastecimiento. Afortunadamente esto es posible por la reducción en el costo de los proyectos fotovoltaicos, incluyendo los de pequeña escala.
