Madrid- Representantes de partidos políticos en el Congreso español condenaron hoy el asesinato de la activista Berta Cáceres, y pidieron al Gobierno de Honduras que abra una investigación para identificar a los autores materiales e intelectuales de la activista hondureña.
El Congreso español acogió hoy la presentación de informe elaborado por la Misión Internacional «Justicia para Berta Cáceres», que ha visitado el país latinoamericano el pasado marzo y del que han formado parte una quincena juristas procedentes de varios países, entre ellos el diputado español Pedro Arrojo (Podemos, izquierda).
Durante la visita, realizada a petición del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), del que era miembro la activista asesinada el pasado 3 de marzo en Honduras, la misión constató la «debilidad manifiesta» del Estado de Derecho de Honduras así como la «criminalización» que sufre la labor de los activistas en el país.
Ayer todos los grupos políticos acordaron una proposición no de ley en la comisión de Exteriores en la que se condena el asesinato de la activista y se insta al Gobierno a que desarrolle un plan para que las empresas españolas con presencia en el extranjero respeten los derechos humanos.
Aunque esta declaración «no es vinculante», la diputada socialista Zaida Cantera cree que es un «una primera piedra» para avanzar en esta cuestión y acabar con la «hipocresía en diferido» de las empresas españolas tienen con sus actividades en el exterior.
Según Arrojo (Podemos), miembro de la misión internacional, el gobierno hondureño «tiene una alta sensibilidad» a la repercusión que está teniendo el asesinato de Berta Cáceres en el ámbito político y empresarial internacional, por lo que consideró importante que los partidos y las empresas españolas mantengan ese papel de «presión».
Entre las conclusiones del informe presentado hoy en Madrid, la misión internacional denuncia «la inoperancia» del sistema de protección del Gobierno hondureño con los activistas indígenas, a quienes «debe proteger» por ley, y crítica las «sistemática» transgresión de los derechos de los indígenas, entre otras cuestiones.
Entre sus recomendaciones del informe, se encuentra la apertura de una investigación independiente sobre la muerte de Berta Cáceres, en el que participen expertos internacionales, y que conduzca a la identificación de los autores materiales e intelectuales del asesinato de la activistas, así como los responsables de las amenazas «probadas» que recibió antes de morir.
La activista Gilda Rivera, compañera de la asesinada, aseguró que la muerte de Cáceres, que llegó a recibir por su labor el Premio Goldman -el Nobel del Medioambiente-, «no fue casual» sino que forma parte de «un sistema de represión» de Honduras, fomentado por una alta «tasa de impunidad» con el que actúa el crimen organizado, en connivencia con los poderes políticos y económico.
«La comunidad internacional debe comprometerse para que en Honduras haya una verdadera democracia», solicitó Rivera, que se encuentra inmersa en una gira por España para denunciar la situación de su país.
El acto de hoy contó diputados del Partido Popular (centroderecha, en el poder), Podemos (izquierda), el socialista PSOE, y otros partidos del Grupo Mixto, así como representantes de asociaciones españolas de derechos humanos.
