-Reformar artículos pétreos sería traición a la Patria, advierte
El Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) también rechazó que se incluya en la Constitución el referéndum revocatorio del mandato del presidente de la República y otros altos funcionarios, pero dijo ser partidario de las reformas, con las dos mencionadas excepciones.
La posición de los liberales fue oficializada por el presidente del CCEPL, Elvin Santos Lozano, y otros dirigentes de ese instituto político, ante la próxima discusión en el Congreso Nacional de las reformas del artículo 5 constitucional para flexibilizar la convocatoria de dichas consultas populares.
«El Partido Liberal de Honduras es de la opinión que no debe incluirse en el referéndum o en el plebiscito el referéndum revocatorio, ni tampoco modificarse lo que rece en el artículo 374 de la Constitución de la República, (sobre) la forma de Gobierno, la reelección presidencial, el sistema de Gobierno y la integración de los tres poderes del Estado», señaló una propuesta que leyó en conferencia de prensa el secretario general del CCEPL, Bill Santos.
Por su parte, Elvin Santos Lozano comentó que desde que se inició el diálogo sobre las reformas con el presidente Porfirio Lobo Sosa todas las delegaciones acordaron «que el fin era flexibilizar la forma de participar el pueblo en la ejecución real, objetiva y verdadera del plebiscito y el referéndum».
«Pero naturalmente», señaló Santos Lozano, «una cosa es reformar y otra cosa es eliminar y establecer otro texto para el artículo 5».
«Nosotros estamos de acuerdo en flexibilizar todas las atribuciones que competen a facilitarle al pueblo el acceso a la consulta, pero no estamos de acuerdo con la reforma de los artículos pétreos», enfatizó el presidente de los liberales.
Advirtió que «la violación del artículo constitucional pétreo que prohíbe cualquier intervención, sugerencia, acción, para reformar esos artículos es punible; es más, se declara casi como un delito de traición a la Patria y cese en sus funciones».
Bill Santos, en tanto, insistió en que «dichos temas deben de mantenerse tal y como actualmente lo reza la Constitución, eso para efectos del territorio, del período constitucional, de la reelección y del sistema de Gobierno».
«Abrirle las puertas para que cambiemos y darle la oportunidad a algunas personas de irse a referir a hacer un cambio sobre un sistema de Gobierno, sobre una reelección presidencial, sobre el territorio nacional, me parece que es un poco apresurado», añadió.
Sobre otros aspectos de las reformas, el CCEPL indicó en su propuesta que, en cuanto a quienes tendrían iniciativa de convocar las consultas, «estos porcentajes deben de flexibilizarse del 6% (de los ciudadanos inscritos en el Censo Nacional Electoral), como actualmente lo reza, al 4% para que pueda haber una mayor participación del pueblo».
Asimismo, ese porcentaje «cuando sean reformas constitucionales debe pasar del 51 al 40 por ciento y cuando sea una ley secundaria va a pasar del 51% como actualmente lo reza la Ley al 30% para que esta sea firmada».
La propuesta liberal añadió que «para llevar a cabo la iniciativa del Poder Legislativo necesitará contar con al menos 5 diputados, que anteriormente rezaba que eran 10 diputados».
«Debe mantenerse tal y como actualmente está señalado en la Constitución de la República la autorización de la celebración de consultas mediante la aprobación de la mayoría calificada del Congreso Nacional a los 3 tipos de solicitud, uno: Iniciativa del Poder Ejecutivo en Consejo de Ministros, dos: Iniciativa del Poder Legislativo por interpósito de 5 Diputados y tres: Iniciativa Ciudadana», agregó.
«Debe mantenerse tal y como está actualmente en la Constitución de la República la aprobación del Congreso Nacional mediante el voto favorable de dos terceras partes de la Cámara Legislativa para cualquiera de las 3 iniciativas», apuntó el CCEPL.
Señaló que «el Partido Liberal de Honduras sostiene que debe pedirse opinión jurídica vinculante a la Corte Suprema de Justicia previamente a que se autorice la consulta, respecto a la validez constitucional de la pregunta» que se vaya a plantear a los ciudadanos.
Asimismo, «debe mantenerse tanto la iniciativa del presidente de la República como la de los diputados al Congreso Nacional para darle consultas hacia el pueblo».
