El anuncio lo hizo este jueves la diputada Cilia Flores, presidenta de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), al precisar que el cuerpo unicameral no quedó «para nada satisfecho» con las explicaciones dadas el martes pasado por Urosa en una reunión con la directiva parlamentaria.
La AN, de 167 miembros, casi todos afectos al Gobierno «revolucionario» del presidente Hugo Chávez, invitó el martes pasado a Urosa para que explicara sus denuncias de que el Ejecutivo violaba la Constitución al intentar imponer una «dictadura comunista» en Venezuela.
Flores señaló este jueves que los parlamentarios no quedaron «satisfechos para nada con las respuestas» de Urosa, y que en la reunión del martes «lo único que quedo ratificado es» que el prelado asume «una posición política» contra al Gobierno «en nombre de la jerarquía católica».
Esa situación, explicó la diputada «chavista», viola el convenio suscrito en 1964 entre Venezuela y El Vaticano, porque el documento establece que la jerarquía católica no puede inmiscuirse en política.
«Ellos (los prelados) no pueden incursionar ni asumir posiciones políticas, y el cardenal las está asumiendo. Hay un completo incumplimiento de lo que es este convenio que fue firmado (…) y, por lo tanto, nosotros vamos a exhortar para que el Gobierno lo revise y revise la designación del cardenal Jorge Urosa Sabino», afirmó Flores.
Tras la reunión del martes, Urosa dijo a la prensa que explicó a los parlamentarios que él no estaba vinculado a la oposición política al presidente Chávez y que reivindicó el derecho de la Iglesia a criticar aquellos aspectos de la gestión gubernamental con los que no está de acuerdo.
El cardenal también sostuvo entonces que a «su parecer», la «revolución» de Chávez se dirige hacia el establecimiento de un «socialismo marxista, que es un equivalente a comunismo» en Venezuela, lo que, dijo, no es del interés de los venezolanos.
La polémica entre la jerarquía católica venezolana, el Gobierno y la AN surgió a principios de este mes cuando el cardenal Urosa dijo que Chávez violaba la Constitución al querer imponer una «dictadura comunista» en el país y que en ello lo secundaban los diputados.
El gobernante venezolano le contestó a Urosa acusándolo de «troglodita» e «indigno», y ordenando al canciller venezolano, Nicolás Maduro, revisar el convenio mediante el cual el Estado venezolano le concedió «ciertos privilegios» a la iglesia católica.
Esos privilegios, que estarían recogidos en el acuerdo «Modus Vivendi» firmado en 1964, «sí que violan la Constitución», remarcó Chávez el pasado 14 de julio, en una alocución televisada.
Detrás del «juego» del cardenal «se encuentra el golpe de Estado», ha insistido Chávez en las últimas semanas y ha advertido que el prelado podría ser procesado judicialmente por ello.
