Parlamento mexicano aprueba una reforma radical del sector energético

México – El Parlamento de México aprobó hoy una reforma constitucional que permitirá la participación de empresas privadas en la explotación del petróleo y fija un nuevo marco legal para un sector que ha tenido pocos cambios en siete décadas.
 

La iniciativa, la más importante impulsada hasta ahora por el Gobierno de Enrique Peña Nieto, fue aprobada el miércoles por el Senado y hoy por la Cámara de Diputados, en medio de una fuerte polarización política y después de muchas horas de debates.

En la votación final, los diputados aprobaron la propuesta por 353 votos a favor y 134 en contra y, con ese resultado, rechazaron las impugnaciones presentadas por un centenar de legisladores de la izquierda contra los artículos de la propuesta.

«Aprobada la reforma constitucional en materia energética», gritó el presidente de la Cámara baja, Ricardo Anaya, al cerrar unos debates que se prolongaron por veinte horas y en los que hubo numerosos insultos y algunos golpes entre los legisladores.

El texto aprobado, el mismo que salió del Senado el miércoles después de un debate de diecinueve horas, representa una radical reforma del sector, que se rige por un marco legal que deriva de la expropiación petrolera de 1938.

El proceso legal, sin embargo, no está terminado, porque para que entre en vigor la reforma tendrá que ser ratificada antes por al menos 17 de los poderes legislativos de los 32 estados, aunque no se prevé que en ese trámite el proyecto encuentre tropiezos.

Además, faltan por definir aún numerosos aspectos legales que regulen el funcionamiento de esta reforma, y pasarán varios meses antes de que todo el marco jurídico quede completado.

La reforma fue aprobada en medio de una fuerte polarización política del país y una intensa campaña de la izquierda para exigir que los recursos energéticos sigan en poder del Estado.

La izquierda ha depositado ahora sus esperanzas en que la reforma sea revocada en un plebiscito que ha pedido se convoque coincidiendo con las elecciones legislativas de 2015, una propuesta hecha con el respaldo de 1,7 millones de firmas de ciudadanos.

«Estamos preparándonos para que en 2015 haya una consulta popular que el Gobierno ni los partidos de la derecha podrán detener», afirmó hoy el líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano.

«Al menos 70 por ciento de la gente piensa que reformar la Constitución en materia energética va a dañar enormemente al país», agregó Zambrano.

El proyecto, que había sido anunciado por el Gobierno en agosto pasado, sufrió modificaciones en las negociaciones previas a que el Parlamento comenzara a debatirlo, incorporando esquemas de apertura mayores que los previstos inicialmente.

Esas modificaciones fueron impulsadas por el conservador Partido Acción Nacional (PAN), que gobernó en México desde el año 2000 hasta el 2012, y cuyos votos necesitaba el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) para que saliera la reforma.

Peña Nieto, quien felicitó el miércoles al Senado por aprobar la reforma, agradeció hoy a los diputados haber dado el mismo paso.

La reforma «es una transformación fundamental que permitirá incrementar la soberanía y seguridad energética de México», dijo el gobernante en un mensaje por Twitter.

La iniciativa aprobada hoy busca que Petróleos Mexicanos (Pemex) siga explotando los yacimientos más rentables, pero confía en que empresas privadas se encarguen de áreas que exigen mayores complejidades, como yacimientos de aguas ultraprofundas.

Como el sector en México está dominado por Pemex, las multinacionales extranjeras son las mejor colocadas para optar por ese nicho de producción, algo que puede tardar bastante tiempo porque el marco legal no está totalmente definido.

México necesita relanzar el sector energético para remontar la desaceleración económica que ha sufrido este año, pero los efectos de la reforma probablemente no se notarán ni siquiera el año próximo, según cálculos del Gobierno y de los analistas.

Y para el 2015 siempre queda la posibilidad de que lo aprobado hoy quede revocado si se lleva a cabo la consulta popular que está pidiendo la izquierda, y los ciudadanos votan a favor de mantener el mismo esquema que ha regido por siete décadas.


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