El parlamentario calificó como una «sorpresa desagradable» la polémica norma, aprobada por el Parlamento Europeo (PE) el miércoles pasado, por considerar que generará «situaciones de abuso, de injusticia, de discriminación y de inestabilidad, para quienes han migrado buscando mejores horizontes económicos».
La directiva que dota a la Unión Europea (UE) de un marco común para gestionar la expulsión de los «sin papeles» establece un período de siete a 30 días para que los inmigrantes abandonen el país de forma voluntaria.
Además, fija el periodo máximo de retención en seis meses, que pueden ampliarse a 18 en casos excepcionales para quien no coopere o cuando haya problemas para obtener la documentación de países terceros.
Una vez deportados, los indocumentados sufrirán también una prohibición de hasta cinco años de duración para entrar legalmente en territorio comunitario, según la norma que entrará en vigor en 2010.
Por su lado, la vicepresidenta del Parlatino, la peruana Fabiola Morales, rechazó la propuesta del presidente de Ecuador, Rafael Correa, para romper vínculos comerciales con Europa en respuesta a la controvertida medida de la UE.
«Creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Tenemos que concentrarnos en la defensa de nuestros conciudadanos en Europa», subrayó Morales en declaraciones a la Coordinadora Nacional de Radio (CNR).
El sábado pasado, el presidente Correa aseguró que «explora la posibilidad de cortar» el diálogo entre la Comunidad Andina (CAN) y la UE, en respuesta a la directiva europea de retorno de inmigrantes irregulares, que calificó de «incivilizada».
Correa, que ejerce la presidencia temporal de la CAN, enfatizó que no tiene sentido negociar un Acuerdo de Asociación con la UE, que involucra aspectos de diálogo político, cooperación y comercio, cuando la UE «criminaliza» a los emigrantes.
Los andinos (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) negocian un Acuerdo de Asociación y Cooperación con la UE desde 2006.
