Managua – La mayoría sandinista de la Asamblea Nacional (Parlamento) aprobó este miércoles, con carácter de urgencia, una serie de reformas a la legislación nacional, para aplicar la cadena perpetua a crímenes de odio, una iniciativa del presidente Daniel Ortega que entró en vigor en la víspera, en medio de controversias.
Con los votos favorables de 70 diputados del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), de 92 posibles, la Asamblea Nacional aprobó reformas al Código Penal y a la Ley Integran contra la Violencia hacia las Mujeres, para hacer posible la aplicación de la prisión perpetua.
La cadena perpetua, que será “revisable”, busca encerrar para siempre a quienes cometan asesinatos agravados, parricidios, feminicidios, cuando ocurran dos agravantes o más, alegaron los sandinistas, así como los llamados “crímenes de odio”, un concepto que no fue especificado, razón por la que la oposición y defensores de los derechos humanos creen que será utilizado contra la disidencia.
La diputada del opositor Partido Liberal Constitucionalista (PLC) Azucena Castillo, quien votó contra las reformas, afirmó que estas “no buscan más que reprimir y meter más miedo a las personas que pudieran ser acusadas de causar conmoción en la sociedad, sólo por estar en la oposición”.
Castillo mencionó que la necesidad de aplicar la prisión perpetua muestra las “fallas” del Gobierno en temas como la educación y la seguridad ciudadana.
Otros diputados del PLC señalaron la “discrecionalidad” de la cadena perpetua, al señalar que su aplicación necesitaba reformas más profundas.
La cadena perpetua será aplicada en casos de asesinatos agravados cuando sea por asfixia, incendio, explosión o veneno, flagelación, mutilación o descuartizamiento del cadáver de la víctima o en presencia de menores.
También se considerará para feminicidios será aplicada cuando la persona satisfaga sus “instintos sexuales”, mutile genitales de la mujer, cometa misoginia, y si lo hace frente a los hijos de las víctimas.
Los miembros de grupos delictivos organizados, bandas criminales nacionales o internacionales, quienes cometan los crímenes como resultado de ritos grupales, creencias o fanatismo religioso o deportivo, o después de una violación, también serán considerados para la prisión perpetua.
La cadena perpetua ha sido calificada por opositores y organizaciones humanitarias como una forma de “represión” de Ortega en Nicaragua, junto con la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la Ley de Ciberdelitos, y la Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, aprobadas en 2020.
El llamado “paquete de leyes” han sido aprobadas por los sandinistas en el marco de las elecciones del 7 de noviembre próximo, en las que Ortega busca aumentar en cinco años un mandato que recuperó en 2007, y revalidarlo en elecciones que la oposición ha calificado de “fraudulentas”.
Desde 2018, Nicaragua vive una sangrienta crisis sociopolítica que no se observaba desde los años 1980 a 1990, cuando Ortega gobernó por primera ocasión.
JS
