Tegucigalpa – El Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (Iudpas), analizó el fallo de la Sala Constitucional sobre el recurso de inconstitucionalidad, interpuesto por el apoderado legal de varios diputados imputados en mal manejo de fondos, sobre el convenio gobierno y Organización de Estados Americanos (OEA), para el establecimiento de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), asegurando que está fuera de lugar.
Señalan que esta sentencia de la Sala Constitucional desconoce la independencia funcional del Ministerio Público respecto a los demás poderes del Estado.
Además que la Sala Constitucional se extralimita al pronunciarse sobre un tema que no se le consulta y resolvió sobre una disposición normativa reglamentaria para lo cual no tiene competencia.
Consideran que el concepto que los funcionarios todo lo pueden es un concepto tergiversado que atropella a instituciones y a otros funcionarios, que en el peor de los casos, envía un mensaje de un poder arbitrario, absoluto, que está al servicio de los sectores de poder político y que apañan y protegen a quienes viven al margen de las leyes nacionales.
Dicen que con eso se olvidan los funcionarios que no tienen más potestades que las que les da la ley.
Iudpas manifiesta su preocupación por el nivel de crispación política y de fractura social en que viven los hondureños, profundizada desde 2009 y reeditada en las elecciones de 2017.
Señalan que en vez de trabajar para buscar las salidas y resolver los problemas nacionales, se toman decisiones y se emiten resoluciones que no solo profundizan la crisis y la crispación, si no que hacen de Honduras un país inhóspito para quienes aspiran a vivir en un Estado de Derecho, e inclinan a los ciudadanos al fomento de prácticas ilegales y corruptas.
“La corrupción ha creado e instalado redes en el poder político y económico, ha generado pobreza, mayor exclusión y ha profundizado la inequidad. Combatir la corrupción y la impunidad no solo es un anhelo de los ciudadanos, es un deber de las instituciones creadas para este propósito. Detener esta lucha es ubicarse del lado del crimen y del delito”, sentenció Iudpas en su comunicado.
Tegucigalpa – El Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (Iudpas), analizó el fallo de la Sala Constitucional sobre el recurso de inconstitucionalidad, interpuesto por el apoderado legal de varios diputados imputados en mal manejo de fondos, sobre el convenio gobierno y Organización de Estados Americanos (OEA), para el establecimiento de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), asegurando que está fuera de lugar.
Señalan que esta sentencia de la Sala Constitucional desconoce la independencia funcional del Ministerio Público respecto a los demás poderes del Estado.
Además que la Sala Constitucional se extralimita al pronunciarse sobre un tema que no se le consulta y resolvió sobre una disposición normativa reglamentaria para lo cual no tiene competencia.
Consideran que el concepto que los funcionarios todo lo pueden es un concepto tergiversado que atropella a instituciones y a otros funcionarios, que en el peor de los casos, envía un mensaje de un poder arbitrario, absoluto, que está al servicio de los sectores de poder político y que apañan y protegen a quienes viven al margen de las leyes nacionales.
Dicen que con eso se olvidan los funcionarios que no tienen más potestades que las que les da la ley.
Iudpas manifiesta su preocupación por el nivel de crispación política y de fractura social en que viven los hondureños, profundizada desde 2009 y reeditada en las elecciones de 2017.
Señalan que en vez de trabajar para buscar las salidas y resolver los problemas nacionales, se toman decisiones y se emiten resoluciones que no solo profundizan la crisis y la crispación, si no que hacen de Honduras un país inhóspito para quienes aspiran a vivir en un Estado de Derecho, e inclinan a los ciudadanos al fomento de prácticas ilegales y corruptas.
“La corrupción ha creado e instalado redes en el poder político y económico, ha generado pobreza, mayor exclusión y ha profundizado la inequidad. Combatir la corrupción y la impunidad no solo es un anhelo de los ciudadanos, es un deber de las instituciones creadas para este propósito. Detener esta lucha es ubicarse del lado del crimen y del delito”, sentenció Iudpas en su comunicado.
