Tegucigalpa.- La suscripción del llamado Acuerdo de la Oposición por la Gobernabilidad de Honduras, oficializa la alianza que siempre mantuvieron en la campaña electoral los partido Libertad y Refundación (Libre) y el Partido Anticorrupción (PAC), la cual negaron en su momento, pero en su afán por controlar el poder en el Congreso, la terminaron sellando con el aval de la diputada pinuista, Doris Gutiérrez.
Liderado por el comentarista deportivo y ex presidenciable del PAC, Salvador Nasralla, el Acuerdo de Oposición viene a corroborar que estos dos partidos políticos están dispuestos a causar ruido en el Congreso sin tener, de fondo, una propuesta sólida en gobernabilidad, gobernanza y fortalecimiento democrático.
Ello porque sus propósitos son de corto plazo, centrado en la reversión de leyes que por simple matemática de acuerdo a lo estipulado en la Constitución de la República no podrán revertir como es el caso de las medidas de ajuste fiscal recién aprobadas, en vista que para ello se necesita mayoría calificada, un número que la oposición no tiene.
Para revertir las medidas económicas que conllevan nuevos impuestos, en caso que asumieran el control del Congreso, y ante un esperado veto presidencial, se requerirían de 86 diputados para derrotar ese veto, y los partido Liberal, Libre, El PAC, no los tienen, ni siquiera contando con los diputados de la UD, PINU y la DC, que poseen una cada uno. Necesitarían para la mayoría calificada de al menos cinco diputados nacionalistas y estos no están dispuestos a desafiar la línea partidaria.
El espíritu del Acuerdo de Oposición, si bien se centra en el respeto de la Constitución, la forma republicana de gobierno y la participación de la ciudadanía se ve limitado porque sus planteamientos básicos se centran en seis puntos que no encierran, por decirlo, un proceso de reforma del Estado.
El punto que más se asemeja a democratizar internamente el Congreso es su propuesta de aprobación de una nueva ley orgánica orientada a recuperar la capacidad de legislar de toda la cámara, en vista que actualmente la Presidencia del Congreso cuenta con altos niveles de discrecionalidad y control.
Pero el Acuerdo de Oposición no tendrá mayor éxito en cuanto a dejar sin efecto la ley de medidas fiscales aprobada en diciembre.
Otro de los puntos en donde piensa hacer trabajo legislativo es en la promoción de una Ley Anticorrupción, desconociendo que el país tiene al menos unas 25 leyes orientadas a atajar ese flagelo y que existe engavetada en el Congreso una propuesta de política pública de transparencia que es mucho más que una ley secundaria.
También pretenden legislar para regular los salarios de los funcionarios de alto y mediano rango en la administración pública, un mecanismo de poco impacto porque los grandes negocios de corrupción y evasión del fisco no se dan en sueldos y salarios, sino en otras líneas como compras, licitaciones, concesiones, entre otros.
En cuanto a las reformas político electorales, la propuesta de este Acuerdo de Oposición apenas se centra en incluir el voto electrónico en una Ley Electoral, que no consigna si será una nueva normativa o reformas a la ley vigente. Las reformas político electorales son mucho más profundas si se parte de las recomendaciones hechas por los expertos y estudiosos del tema, pues incluye no solo el tema electoral, también la modernización y democratización de los partidos políticos y el sistema político de partidos, ahora con una nueva configuración.
Finalmente se proponen revisar, reformar y derogar aquellas leyes y concesiones vigentes que lesionen en parte o en su totalidad la soberanía nacional, el patrimonio histórico y natural de todos los hondureños y aquellas que priven a las comunidades de acceso a recursos vitales para su existencia.
De esta forma, la agenda mínima que contempla este Acuerdo de Oposición no concentra las expectativas deseadas de dos jóvenes partidos que aducen en el discurso público estar dispuestos a democratizar la cámara legislativa, pero sus acciones son más cosméticas que de fondo, con escenarios en donde ciertas leyes no podrán ser revertidas. No se vislumbra en forma concreta cómo es que esas dos fuerzas, junto a la diputada del PINU, van a promover reformas de Estado y para el Estado, así como la gobernabilidad y estabilidad que requiere Honduras para los cambios.
Lo que se entrevé por ahora es un Acuerdo de Oposición que se acopla más a una campaña político electoral, pero las elecciones ya pasaron y todo apunta a que tanto Libre como el PAC no tienen muy claro el tipo de oposición que quieren hacer. Así como está la propuesta su visión es de revancha, y no de una agenda reformadora para democratizar a Honduras.
El desafío de Libre y del PAC, una vez sellada y oficializada su alianza, debería ser dar el salto de lo eminentemente electoral a un escenario de perspectiva política con una agenda menos mediática y más aterrizada a la construcción de consensos mínimos para un nuevo Pacto Social que defina el camino de una Honduras más democrática, incluyente, democrática y menos desigual, pero esa configuración parece lejana a los intereses de sus dirigentes.
