Tegucigalpa – La ola de crímenes desatados en las últimas semanas por las violentas pandillas hondureñas, aunado a la llegada de los cabezas de los líderes de las maras salvadoreñas que escapan de la represión en el país vecino, ha obligado a las autoridades de Honduras a desplegar una feroz lucha contra estas organizaciones criminales.
Las pandillas y maras que han tenido dividido “su territorio” de acción criminal ha venido siendo intocable en los últimos tiempos, han comenzado a sentir la mano de la autoridad hondureña que ha reaccionado para enfrentar al poderoso brazo del crimen organizado.
Las pandillas y maras son de los grupos que operan en el campo criminal con mayor crueldad y que la reacción de los cuerpos de seguridad del país les ha provocado que se sientan amenazados por los operadores de justicia.
Las acciones del Estado han llegado incluso a desplazar decenas de agentes policiales y de otros cuerpos de seguridad a varios municipios del departamento de Olancho, donde la criminalidad volvió por sus fueros.
En los últimos días varios enfrentamientos entre elementos del orden y grupos de pandillas dejaron el saldo de tres malvivientes muertos y varios agentes heridos.
Las pandillas que operan en Hondura se dedican especialmente a cometer delitos de toda índole entre las que destacan la venta de drogas, asesinatos, extorsiones y desmembramientos de cuerpos.
En los 15 homicidios diarios que se reportan en el país, muchos de estos tienen relaciones a las operaciones de pandillas, de acuerdo a datos de la Policía.
Recientemente se han intensificado las operaciones terrestres en la frontera entre Honduras y El Salvador, luego de que pandilleros del vecino país se están trasladando hacía suelo nacional, según se colige de informes de inteligencia.
Los índices de violencia se han disparado en los últimos meses en El Salvador, más de la mitad de esos crímenes son achacados a grupos de pandillas.
Ante esa situación el gobierno salvadoreño anunció medidas fuertes para combatir ese flagelo, incluso en una reciente visita a ese país el ex alcalde de la ciudad de New York, Rudolph Giuliani, concluyó que “el problema de violencia en El Salvador son las pandillas que deben aniquilarse”.
Mientras en Honduras, a mediados de marzo del presente año, el Poder Ejecutivo envió una propuesta de ley para que se analice y revise el artículo 332 del Código Penal, en el que se hace énfasis de la necesidad de probar la permanencia de grupos delincuenciales, porque no sólo se necesita hablar de permanencia sino de transitoriedad.
El presidente Juan Orlando Hernández señaló en esa oportunidad: “Alguien puede participar de un crimen o puede formar parte de una acción delincuencial de manera intelectual, y otro puede ser sólo un bandera, por lo que hay que dar espacio a medidas agravantes”.
Esta reforma al Código Penal no ha sido discutida en el seno de la Cámara hondureña, pese a la insistencia del jefe del Ejecutivo.
Política de recuperación y prevención
Consultada por Proceso Digital, la criminóloga Arabesca Sánchez, afirmó que el gobierno ha establecido una política de recuperación de territorio para volver a implementar la gobernabilidad ante el vacío generado por el abandono de políticas de prevención.
“Con esa estrategia, el Estado entra primero con fuerzas de choque y estas fuerzas de choque, son repelidas por fuerzas pandilleriles con el uso de armas de fuego. Entre el fuego la teoría del uso de la fuerza por parte del estado que debe estar enmarcada en un ámbito legal”, cuestionó.
La experta en temas de seguridad ciudadana, aseveró que como el problema es diverso, el Estado debe tener una estrategia diferenciada para cada uno de esos grupos al interior del fenómeno de maras; “una sería rescatarlos y rehabilitarlos”.
“Lo que esperaríamos es que el Estado haga una revisión precisa del problema para que pueda intervenir en varios niveles, porque de lo contrario, la introducción de fuerzas de choque, siempre va a terminar de esa manera, porque cuando la violencia se combate con la violencia, el resultado es de hechos violentos”, citó en referencia a los últimos enfrentamientos entre las autoridades y pandilleros, que incluso dejó hasta muertos.
Sánchez apuntó que la incautación de armas largas que se están haciendo a las pandillas durante esos operativos, demuestra el alcance que tienen los grupos criminales.
“Son armas de alto poder de fuego y entonces en esas dinámicas estamos viendo que terminan heridos algunos policías como pandilleros e incluso terminan muertos”, recordó.
Auxilio riesgoso para ciudadanos
Apuntó que en medio de esta problemática existen comunidades que están pidiendo de alguna manera, el auxilio de sus autoridades ya que no aguantan las condiciones de violencia a que son sometidos por parte de las pandillas.
Remarcó que hay un pedido generalizado de la población en el que solicitan que estas organizaciones de pandillas sean controladas, porque donde ellos se ubican por lo general también hay violencia.
Sobre las reformas que pretende el Congreso Nacional y que tiene que ver con reformas al Artículo 332 del Código Penal, la criminóloga expresó que “me parecen bien las reformas, es necesario que el Estado busque reformar sus marcos normativos en todo sentido, cuando se trata de ir mejorando una estrategia de seguridad del país”.
Continuó que “si esos marcos están obsoletos y ya caducaron porque los fenómenos mutaron y cogieron nuevas características complejas, entonces los marcos normativos deben irse reformando de acuerdo a esas nuevas necesidades”.
Sin embargo hizo una importante valoración: “si las reformas sólo van encaminadas a endurecer las sanciones o bajar la edad punible, no creo que sea la mejor medida”.
“El marco normativo debe ser lo suficientemente estudiado para que sea una respuesta real al tema que se está buscando”, puntualizó.
No es suficiente con endurecer penas
Referente al tema, el secretario de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional, Luis Redondo, dijo a Proceso Digital que “el hecho de endurecer las penas no va a mitigar ni a reducir la violencia… a los delincuentes no les importan las penas”.
En opinión del también diputado del Partido Anti Corrupción (PAC), el caos lo ha dejado suceder la clase política para justificar “el meter leyes de emergencia” con el objetivo de levantar perfiles de personas que emprenderán campañas políticas.
El parlamentario concluyó que no es con la entrega de un bono que se resuelve los problemas de país. “A la gente lo que tenemos que darle es resultados, iniciando por la correcta utilización de los fondos de la Tasa de Seguridad”.
Debilidad del Estado para enfrentar la problemática
De su lado, el director de la no gubernamental Casa Alianza, José Guadalupe Rúelas manifestó “en Honduras el problema en materia de violencia no es la cantidad de años que una persona pueda estar en la cárcel, el problema es la debilidad del Estado en la investigación y llevar ante la justicia a la persona que cometió el delito”.
En ese sentido, cuestionó cifras oficiales como en las que el Gobierno asegura que un año se libraron 22 mil ordenes de capturas, “¿dónde están esas personas?”.
“El Estado ha perdido su capacidad de presencia en el territorio, en la actualidad hay unos 30 municipios en los que por más que se haga no se ha logrado recuperar ese territorio”, argumentó.
