Tegucigalpa – Las pandillas intentan generar pánico en centros educativos del sistema público aprovechando la espiral de violencia como parte de respuestas la política gubernamental encaminada a bajar los crímenes en Honduras.
– El gobierno tiene muchos frentes abiertos con diversos sectores, eso impide respuestas concretas de las autoridades nacionales.
– Se necesita una estrategia más global para atajar la inseguridad que generan las pandillas, remarcan analistas.
– Las solicitudes de traslado de alumnos están a orden del día en emblemáticos centros de enseñanza pública.
El pánico se cierne en importantes centros de enseñanza, algunos de los cuales han tenido que suspender sus labores académicas por amenazas sobre eventuales atentados.
Las advertencias llegan por varias vías, desde las redes sociales hasta llamadas telefónicas a noticieros para crear la zozobra. Algo similar pasó en algunas colonias capitalinas, donde centenares de familias abandonaron sus viviendas.
Todo ello ocurre mientras el gobierno intensifica los operativos destinados a desarticular los grupos criminales, especialmente las maras.
Hace unas semanas fue el Instituto Saúl Zelaya Jiménez de la capital hondureña, el que tuvo que suspender clases e incluso militarizar sus instalaciones para garantizar la vida de estudiantes, maestros y padres de familia. Hoy le tocó el turno al legendario Central Vicente Cáceres -el más grande del país con 10 mil alumnos- que pese a tener seguridad pública y privada tuvo que suspender algunas horas de clases en distintas jornadas.
El director departamental de Francisco Morazán, Denis Gómez, acusó a un grupo de profesores del Instituto Central Vicente Cáceres, de difundir mensajes de pánico sobre presuntas amenazas de pandilleros con el afán de suspender actividades.
“No debemos caer en situaciones de pánico, los criminales lo que quieren es crear pánico por las medidas que está tomando el gobierno de la República en materia de seguridad. Vamos avanzando bastante, no solo en materia de seguridad, si no que en materia de prevención”, declaró.
Mientras, el director del Instituto Superación San Francisco de Comayagüela, José Enrique Suárez, contó que desde el miércoles de la presente semana los padres de familia llegaron a recoger a sus hijos por el terror que impera en ese centro educativo.
Dos alumnos del área de Mercadotecnia perdieron su vida recientemente, víctimas de la violencia. “Tenemos una tristeza enorme. Las amenazas a varios alumnos y los mensajes que le mandan a sus celulares, dicen que pusieron una nota que algo mayor puede ocurrir, el terror nos ha invadido a todos”, relató.
“Es lamentable lo que está pasando y los militares a veces están y otras no. Es mucho peligro y yo no voy a arriesgar cuatro mil estudiantes del colegio por amenazas y si los problemas ya se dieron en la calle, no quiero que pase dentro del centro”, refirió Suárez.
Dinámica delictiva supera capacidad del Estado
Para el sociólogo Pablo Carías, los últimos acontecimientos solo demuestran que la dinámica delictiva ha superado la capacidad del Estado para contrarrestar los problemas de inseguridad que generan pánico entre la población.
Insistió que la institucionalidad se muestra “muy débil” ante las amenazas que representan las acciones de grupos pandilleros. “El accionar de estos grupos el fin que persigue es generar miedo en la población”, remarcó.
“Yo orientaría al gobierno a que sea más realista y no hacer propaganda al decir que la gente puede salir en horas de la noche en las calles de las principales ciudades del país sin que a las personas no les pase nada, es un mensaje inadecuado porque la situación de inseguridad es muy compleja”, arguyó.
Sugirió continuar las actuales medidas de seguridad implementadas por las autoridades, pero con el agregado que sean acompañadas de reformas profundas en el campo jurídico, así como en ejecutorias del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia para tratar de elaborar una estrategia más global en cuanto a la temática criminal y delincuencial que enfrenta la nación.
Replantear estrategia
De su lado, la criminóloga Arabesca Sánchez, apuntó que los centros escolares no se escapan de la situación de violencia que golpea el país y recordó que en 2003 se había creado una Policía Escolar que se derivaba de la comunitaria, pero desgraciadamente ese cuerpo parece que se abandonó y ahora se tiene la intención de derivar la seguridad escolar en empresa privadas.
Sugirió al Estado replantear su estrategia porque no puede delegar una tarea que le corresponde en cuanto a garantía de seguridad de los hondureños.
Por otro lado -señaló- el uso de la militarización escolar va en contra de las convenciones de niñez y adolescencia. Una buena medida será retomar el esfuerzo de la policía escolar en donde se involucra el trinomio de estudiantes, padres de familia y autoridades de centros escolares. Ese sería un mejor método de trabajo porque entra en la línea d la prevención antes de entrar en conflicto en áreas escolares.
