Costa Rica y Nicaragua, que comparten una frontera terrestre de unos 300 kilómetros, mantienen una larga historia de rencillas, y en la actualidad tienen en proceso dos demandas en la CIJ, con sede en La Haya, precisamente por diferencias limítrofes.
El último capítulo de sus enfrentamientos se dio esta semana cuando el canciller costarricense, Enrique Castillo, calificó como «cuentos» los llamados al diálogo que ha realizado Nicaragua.
Hablan de diálogo y hermandad, «pero en la realidad, en el terreno, siguen siendo hostiles, agresivos y prepotentes», señaló el canciller costarricense, lo que motivó una nota de protesta de Managua.
El Gobierno de Chinchilla, que deja el poder el 8 de mayo próximo, también anunció que demandará a Nicaragua ante la CIJ por ofertar bloques marinos para explotación petrolera en territorio que ambos consideran suyos, una actitud calificada como «ponzoñosa» por el secretario de relaciones internacionales del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Jacinto Suárez.
Según analistas nicaragüenses consultados por Efe, Ortega apostará al diálogo con el nuevo gobernante de Costa Rica y tratará de encontrar eco con quien suceda en la Presidencia a Chinchilla -y que han mostrado mayor apertura-, para resolver por la negociación bilateral el conflicto fronterizo entre ambos países fuera de la CIJ.
El objetivo, de acuerdo a los analistas, es que Ortega querrá enviar un mensaje de unidad y de integración centroamericana en momentos en que Nicaragua también dirime otro conflicto por límites con Colombia, del que Costa Rica ha tomado parte.
Colombia, Costa Rica y Panamá anunciaron hace unos días que presentarán una «nota tripartita» ante una comisión de la ONU, en la que expresan su posición sobre el pedido nicaragüense de extender su plataforma continental, lo que «afecta los límites de los tres países».
Nicaragua pidió en junio pasado a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar extender su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas, meses después de que un fallo de la CIJ le otorgó una porción del mar Caribe que estuvo bajo administración colombiana desde 1928.
El 19 de noviembre de 2012, la CIJ definió los límites en el Caribe entre Bogotá y Managua y dejó en manos de Colombia siete cayos del archipiélago de San Andrés, cuyas islas mayores ya se habían concedido a esta nación en 2007.
También otorgó a Nicaragua una franja marina en esa zona que Colombia calcula en unos 70.000 kilómetros cuadrados y el país centroamericano en más de 90.000 kilómetros cuadrados.
Por tanto, según los analistas, la estrategia de Nicaragua será la de buscar acuerdos bilaterales tanto con Costa Rica y con Panamá, y disputar con Colombia, en la CIJ, una plataforma extendida más allá de las 200 millas náuticas.
En efecto, el agente nicaragüense ante la CIJ, Carlos Argüello, ha sugerido a Costa Rica definir sus límites marítimos en el Caribe «porque no existe» y retomar las negociaciones, suspendidas desde 2005.
Según Nicaragua, Costa Rica tenía una delimitación con base en un tratado con Colombia, en alusión al Facio-Fernández de 1977, que reconocía como frontera el meridiano 82, que la CIJ determinó no lo era en la disputa entre Managua y Bogotá.
Durante los últimos años, las relaciones internacionales de Costa Rica se han centrado en su conflicto con Nicaragua, y de acuerdo al candidato presidencial más votado en la primera vuelta, Luis Guillermo Solís, no pueden «seguir nicaraguanizando nuestra política exterior».
En la actualidad, la CIJ tramita en un solo caso una demanda de Costa Rica contra Nicaragua por invasión de territorio y daños ambientales en una zona que ambos reclaman como propia, y otra en la que Managua acusa a San José de causar daños ambientales al fronterizo río San Juan, de soberanía nicaragüense.
