La ratificación del Estatuto de Roma, por el que se creó la Corte Penal Internacional (CPI) para ventilar casos de lesa humanidad, es requerida por la Unión Europea a los países centroamericanos como parte de las negociaciones del Acuerdo de Asociación, que incluye asuntos políticos, cooperación y libre comercio.
«La ratificación es algo que todos apoyamos, confiamos que es una buena iniciativa y es algo que El Salvador, al igual que Nicaragua y Guatemala deberían endosar y trabajar concretamente», dijo en rueda de prensa la coordinadora para América Latina y el Caribe de la Coalición por la Corte Penal Internacional (CCPI), Francesca Varda.
La CCPI está formada por unas 2.500 organizaciones de derechos humanos a nivel mundial y trabaja para promover que los Estados se adhieran a la Corte.
Según la coordinadora, en Centroamérica, donde sólo Honduras y Costa Rica han ratificado el mencionado Estatuto, cuentan con el apoyo de más de un centenar de organizaciones humanitarias.
Desde el pasado lunes, San Salvador es sede de la tercera ronda de negociaciones entre delegaciones técnicas de los cinco países centroamericanos y la UE para avanzar en el Acuerdo de Asociación.
El vicecanciller de El Salvador, Eduardo Cálix, ha explicado a la prensa que durante este encuentro, que concluirá el viernes, Centroamérica presentara una «posición conjunta» sobre este aspecto.
Según el funcionario, que actúa como vocero regional para los pilares de diálogo político y cooperación en esta ronda, El Salvador, Guatemala y Nicaragua apoyan los principios de derechos humanos que emanan del documento internacional, pero no han podido ratificarlo porque algunos aspectos riñen con sus respectivas constituciones.
Cálix informó de que la UE no está condicionando la negociación a la ratificación del Estatuto de Roma, pero que en las reuniones, que se realizan a puerta cerrada, se abordará el asunto para tratar de alcanzar un acuerdo.
En ese sentido, la representante de la Coalición Salvadoreña para la Corte Penal Internacional, Carolina Constanza, afirmó que «queremos pedirle a la Unión Europea que mantenga su posición de que El Salvador sea parte de este instrumento tan importante ya que es una garantía para la sociedad».
El Salvador, Guatemala y Nicaragua vivieron en las tres décadas del pasado siglo conflictos armados internos en los que se cometieron crímenes de lesa humanidad, pero la aprobación de amnistía ha librado de juicios a responsables.
Sin embargo, explicó que las actuaciones de la CPI no tienen carácter retroactivo por lo que no debería existir oposición a la adopción de este tipo de tratados internacionales.
