Managua – La oposición extraparlamentaria nicaragüense aglutinada en la Alianza Cívica informó este miércoles que retornó a la mesa de negociación debido a la decisión del Gobierno de Daniel Ortega de liberar en un plazo máximo de 90 días a los denominados «presos políticos».
«Ese compromiso es lo que hizo que volviéramos a la mesa para hacer realidad nuestros puntos de agenda», dijo en rueda de prensa el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y miembro del equipo negociador de la oposición, José Adán Aguerri.
Durante la sesión de este miércoles, el Ejecutivo nicaragüense se comprometió con «liberar en un plazo no mayor de 90 días a todas las personas detenidas y presas en el contexto de los hechos ocurridos a partir del 18 de abril del 2018, de conformidad con el ordenamiento jurídico del país».
Aguerri explicó que después de reiteradas solicitudes de crear las condiciones para retornar a la mesa, atendieron al llamado del nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag, y del enviado especial de la Secretaría General de la OEA, Luis Ángel Rosadilla.
Ante ellos, continuó el líder empresarial, «se acordó retomar este proceso que ha culminado con una invitación formal a la Secretaría General de la OEA para que se retome a lo inmediato el proceso de reformas electorales, y una invitación a la Cruz Roja Internacional para que sea apoyo a la mesa de negociación para la liberación de todas las personas detenidas».
La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia espera que a partir de este jueves comience «verdaderamente el proceso de negociación», que «tendrá que partir de realizar el censo, el inventario de las personas que están detenidas, y la calendarización de su salida», indicó.
«Todos los presos van a salir y que lo van a hacer en un plazo no mayor de 90 días», sostuvo.
El político, jurista y miembro del equipo negociador de la oposición, José Pallais, dijo que mañana estarán en contacto con la Cruz Roja Internacional a fin de que apoyen con la elaboración de un calendario que permita la liberación gradual de los manifestantes antigubernamentales.
El número de manifestantes presos alcanza los 802 en Nicaragua, según el Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos.
El Gobierno mantiene la cifra de manifestantes presos en 340, pero no los reconoce como «presos políticos», sino como «terroristas», «golpistas» o reos «comunes».
Durante una comparecencia de prensa en presencia del pleno de los negociadores, las partes anunciaron una agenda de negociación que será desarrollada con amplitud en la mesa de conversaciones y que dieron a conocer en orden alfabético.
El primero es fortalecer la democracia y reformas electorales para la realización de procesos electorales.
El segundo es mejorar los derechos y garantías ciudadanas, y el tercero la liberación, dentro de un plazo máximo de 90 días, de conformidad con el ordenamiento jurídico del país, de todas las personas presas y detenidas en el contexto de los hechos ocurridos a partir del 18 de abril del 2018.
El cuarto punto será referido al tema de la verdad, justicia, reparación y no repetición.
Los otros puntos de agenda serán los mecanismos de implementación de los acuerdos, y realizar las gestiones internacionales para la obtención de apoyos a la implementación de los mismos.
«En su momento, y de común acuerdo entre las partes, se hará un llamado a la comunidad internacional a suspender sanciones para facilitar el derecho al desarrollo humano, económico y social de Nicaragua, favoreciendo a los sectores más vulnerables de la población», acordaron en el último punto.
Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.
