Julio Borges, en nombre de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que aglutina a once partidos de oposición, convocó en rueda de prensa la manifestación, con el argumento de que «protestar es un derecho y lo vamos a seguir ejerciendo».
La fiscal General, Luisa Ortega, afirmó este viernes que algunas personas buscan «cualquier motivo para marchar (…) crear caos», y que esas «conductas encajan perfectamente en el delito de rebelión civil», para el que la ley local establece penas de 12 a 24 años de cárcel.
«Yo quisiera que aquellas personas que se alzan en actitud hostil contra el Gobierno legítimamente constituido, sepan cuáles son las consecuencias», dijo Ortega.
Esas declaraciones las hizo la fiscal General al referirse a los «hechos violentos ocurridos en la marcha» realizada el pasado 22 de agosto por la oposición en contra de la Ley Orgánica de Educación.
El prefecto de Caracas y líder opositor, Richard Blanco, permanece detenido desde el pasado miércoles acusado por la Fiscalía de la presunta comisión de los delitos de «lesiones graves» a un policía e «instigación a delinquir» durante la marcha del pasado 22 de agosto.
Dicha manifestación opositora culminó dispersada por gases lacrimógenos y agua lanzada por la policía, «sin ninguna justificación», según la oposición, mientras que el oficialismo acusó a sus participantes de «violentos».
«La marcha del 22 de agosto también la convocamos todos, no solo fue Richard Blanco, por eso, le queremos decir hoy señora fiscal, nos declaramos culpables de querer un país distinto, donde haya justicia», declaró Borges en la rueda de prensa, en la que estuvo acompañado por el Alcalde Mayor de Caracas, Antonio Ledezma.
El dirigente opositor y líder del partido Primero Justicia (PJ-liberal) reiteró que la supuesta arremetida del «Estado y sus instituciones» contra la oposición es una «muestra clara de un Gobierno que es tan débil que, lo único que le queda, es la represión».
Por su parte, Ledezma reiteró que la Organización de Estados Americanos (OEA) debe enviar una comisión a Venezuela para que constate las supuestas «violaciones» a los derechos humanos por parte del Gobierno del presidente Hugo Chávez.
La oposición acusa al Gobierno «revolucionario» de «perseguir» y «criminalizar» a la disidencia en el país, y a esa conducta atribuye acciones como la detención del prefecto de Caracas y también de otros once trabajadores de la Alcaldía Mayor.
El grupo de trabajadores municipales fueron detenidos este miércoles cuando junto a otras 200 personas manifestaban en contra de una nueva Ley que restó atribuciones ejecutivas a la Alcaldía Mayor, y son acusados por la Fiscalía de «obstrucción de vías públicas», entre otros delitos.
