Managua – La oposición nicaragüense calificó este lunes como un «golpe político grave» para el Gobierno del presidente Daniel Ortega la advertencia lanzada por los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) al adoptar un marco legal que le permitirá imponer sanciones selectivas al círculo más cercano del mandatario.
«Es un golpe político muy fuerte», dijo a Efe el exvicecanciller nicaragüense José Pallais.
El político, miembro de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, consideró que la UE hace esa advertencia por «la responsabilidad del régimen en violar obligaciones internacionales que el Gobierno de Nicaragua ha asumido y que no se ha respetado».
Los ministros de Exteriores de la UE enviaron este lunes una advertencia a Nicaragua al adoptar un marco legal que le permitirá imponer sanciones selectivas si se continúa degradando la crisis sociopolítica que desde abril de 2018 ha dejado cientos de muertos en el país y decenas de miles en el exilio.
Este marco establece la posibilidad de imponer sanciones específicas e individuales a personas y entidades responsables de violaciones o abusos de los derechos humanos o de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua, explicó el Consejo en un comunicado.
También a personas y entidades cuyas acciones, políticas o actividades menoscaben de otro modo la democracia y el Estado de derecho en Nicaragua.
Según Pallais, estas posibles sanciones significan que la UE se ha dado cuenta que «no existe voluntad alguna» del Gobierno de Ortega para encontrar una salida pacifica, negociada y democrática.
A su juicio, a lo único que ha apostado el Ejecutivo nicaragüense, hasta el momento, ha sido a la violencia y «no es previsible que desistan de esas actitud y de ese comportamiento».
Por su lado, el jefe negociador de la Alianza Cívica, Carlos Tünnermann, dijo a Efe que esa advertencia también representan «un golpe muy grave» para el Gobierno sandinista.
Sin embargo, ponderó, el mismo Ejecutivo tiene la oportunidad de detener esas sanciones si reanuda la mesa de negociación, con la que se buscaba encontrar una salida la crisis y que el mandatario nicaragüense dio por finalizada de manera unilateral el 30 de julio pasado.
Tünnermann, que fue embajador de Nicaragua en Estados Unidos durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990), indicó que esas advertencias también supondrían consecuencias económicas al país, puesto que empresarios europeos tendrían poco interés en establecer relaciones comerciales con funcionarios sancionados.
La UE dejó claro que cualquiera de estas medidas restrictivas es «específica» y se ha concebido para «no perjudicar a la población nicaragüense».
Las sanciones pueden consistir en la prohibición de viajar a la UE y la inmovilización de bienes, para las personas, y en la congelación de bienes, para las entidades.
Además, las personas físicas y las entidades establecidas en la UE tendrían prohibido poner fondos a disposición de aquellas que figuren en la lista.
La UE ha reaccionado así a los enfrentamientos que han dejado en Nicaragua 328 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 651 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 200 y denuncia un intento de golpe de Estado.
