Tegucigalpa – El Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Servidores del sector Justicia ejecutó este lunes la Operación Medusa, misma que deja hasta el momento cinco operadores de justicia capturados a nivel nacional.
– Los detenidos son: Liz María Núñez (jueza), Yasmin Samara Dubón (fiscal), Erlon David Menjívar Navarro (secretario), Jenni Petra Seidel (funcionaria) y Adela Elisabeth Sánchez (funcionaria).
El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, informó que la Operación Medusa se ejecuta en varias zonas del territorio nacional y tiene como objetivo capturar a jueces y empleados del poder Judicial vinculados a actos ilícitos.
Agregó que en la acción ejecutada en los juzgados capitalinos se logró la captura de la juez con jurisdicción nacional Liz María Núñez por los presuntos delitos de prevaricato y abuso de autoridad tras favorecer a familiares del entonces vicepresidente del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Policial, Teodoro Bonilla.
Los familiares de Bonilla fueron acusados por delitos de criminalidad organizada.
La juez Núñez es una de las jueces vinculadas en el caso Shalom.
Asimismo, en la ciudad de La Ceiba, se detuvo a la fiscal de delitos comunes, Yasmin Samara Dubón, por suponerla responsable de los delitos de fraude y abandono del cargo.
Según se indicó, la fiscal por 10 meses cobró sueldos y salarios tras habérsele vencido su contrato.
Igualmente, se reportó la captura del secretario adjunto del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Erlon David Menjívar Navarro, a quien se le supone responsable de tres delitos de cohecho en concurso real, tras determinarse que el ahora encausado, actuando como Juez Ejecutor en una demanda contra el Estado, recibió varios cheques por cuantiosas sumas de dinero (Lps. 350,000.00) por parte del demandante para beneficio propio.
Finalmente, la ATIC detuvo a las funcionarias de la Unidad de Programas Especiales de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Yenny Petra Seidel y Adela Elizabeth Sánchez, acusadas por el delito de destrucción de documentos a la custodia de un funcionario público, luego que las imputadas quemaran toda la documentación soporte de su administración de la Escuela Judicial, constituida en órdenes de compra, cheques originales, facturas, recibos y liquidaciones, del período 2010-2015, para borrar evidencia de su gestión en el manejo de fondos.
