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ONU renueva la investigación sobre la represión del Gobierno de Burundi

Ginebra – El Consejo de Derechos Humanos de la ONU decidió hoy prorrogar por un año el mandato de la comisión de investigación sobre los supuestos crímenes lesa humanidad cometidos por el Gobierno de Burundi la población tras la modificación de la Constitución en 2015.

En una resolución aprobada con 23 a favor, 7 contra y 17 abstenciones, el Consejo aprobó la prolongación del mandato tal y como pidieron los propios miembros de la comisión.

Tras el voto, los expertos que la conforman mostraron su «satisfacción» en un comunicado y dijeron que tienen «esperanza de que la decisión marque el principio de un nuevo capítulo en la relación de la comisión y las autoridades burundesas basadas en los principios de cooperación y diálogo».

Hasta la fecha, el Gobierno burundés no ha querido colaborar con la comisión ni con ningún otro órgano de Naciones Unidas.

Desde que la comisión fue establecida por el Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2016, ha recogido casi mil testimonios de víctimas, testigos e incluso supuestos responsables de violaciones a los derechos humanos.

La comisión presentó la semana pasada su último informe en el que se muestra el contexto de terror llevado a cabo por el partido en el poder y la total impunidad ante los crímenes que se comenten en el pequeño país africano.

«En vista del contexto que ha prevalecido durante 2017 y 2018, caracterizado por la persistencia de violaciones graves de derechos humanos, la Comisión tiene motivos razonables para creer que se siguen cometiendo crímenes contra la Humanidad en Burundi», señala el documento.

«El número de violaciones constatadas en varias provincias del país desde 2017 y la pluralidad de víctimas y autores demuestran la persistencia de un ataque generalizado contra la población civil», añade.

El jefe del Estado, Pierre Nkurunziza, accedió al poder en 2005 tras el final de la guerra civil, y en 2015 optó a un tercer mandato prohibido por la anterior Carta Magna, lo que desató una ola de protestas seguida de represión gubernamental en la que se cometieron crímenes de lesa humanidad, según la ONU.

La comisión especifica que durante los últimos 18 meses no se han podido constatar ejecuciones sumarias a gran escala como en 2015 pero sí que se registraron desapariciones forzadas, arrestos y detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, violencia sexual, y violaciones a las libertades públicas. 

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