Ginebra.– El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas instó este viernes a Honduras a reconsiderar el estado de excepción, impuesto en el país desde 2022, y a progresar en la desmilitarización de los centros penitenciarios ante el riesgo de comisión de violaciones de derechos humanos.
En el tercer examen periódico de Honduras por parte del Comité, que vela por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, este órgano alertó de que el estado de excepción ha sido prorrogado en «muchas ocasiones», y advirtió haber recibido denuncias sobre graves violaciones de los derechos humanos presuntamente cometidas bajo éste.
Sobre la gestión de las cárceles, el órgano de la ONU cuestionó el avance en la desmilitarización de éstas desde junio de 2023, cuando la muerte de 46 mujeres durante una reyerta en un centro penitenciario del país provocó que las autoridades delegaran facultades en la Policía Militar.
«Tras esta intervención se habrían producido numerosas situaciones de uso excesivo de la fuerza», denunció a este respecto uno de los miembros del Comité, el chileno Hernán Quezada Cabrera, que advirtió además de la presencia de armas y el control por parte de determinados presos en las prisiones hondureñas.
Un tercer aspecto que el Comité consideró que debe afrontarse de forma urgente es la desigualdad y discriminación que sufren los pueblos indígenas y afrohondureños, los cuales enfrentan múltiples obstáculos para garantizar sus derechos.
En este sentido, el experto Mahjoud El Haiba lamentó que éstas y otras poblaciones vulnerables, como las mujeres, los migrantes o el colectivo LGTBIQ+, se ven privadas de cualquier protección legal e institucional efectiva, por lo que reclamó a Honduras que indique ante qué autoridad se pueden presentar denuncias de discriminación.
Otro de los muchos aspectos sobre el que el Comité transmitió preocupación fueron los asesinatos de defensores de derechos humanos hondureños perpetrados en el país desde hace seis años.
Por otro lado, el Comité señaló en particular que, según el Observatorio Nacional de la Violencia, la sufrida por las mujeres se agravó en 2023, con 380 muertes violentas registradas, un aumento del 24,2 % respecto a 2022.
Además, las mujeres, según el miembro del Comité Carlos Gómez Martínez, son también víctimas de actos de coerción y desprecio cuando se postulan para cargos electivos.
«En el contexto preelectoral y electoral de 2021 se documentaron 21 casos de violencia política contra mujeres, de los cuales el 57,1 % fueron agresiones físicas, verbales o psicológicas», destacó.
En el lado positivo, el experto dio la bienvenida a la creación en 2022 de la ley para la protección de los desplazados internos en el país, que fue recomendada por el órgano de la ONU al Gobierno hondureño en 2017. EFE/ir
