Tegucigalpa – El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos instó este miércoles a las autoridades de Honduras a «actuar ahora» para abordar las causas de los conflictos sociales y la «desconfianza extrema» en la capacidad de las instituciones para promover una economía «justa e inclusiva».
Las personas afectadas por los proyectos de desarrollo deben «tener sus derechos plenamente respetados y protegidos por el Gobierno y las empresas para evitar los conflictos», indicó el grupo en su informe preliminar de su visita a Honduras.
Dante Pesce, miembro de la delegación que visitó el país desde el día 19 hasta hoy, hizo un llamamiento «urgente» al Gobierno de Honduras a que «actúe y muestre voluntad política y haga gestos concretos respecto de nuestros hallazgos y recomendaciones de manera de generar condiciones habilitantes, mejores condiciones que permitan pensar en un diálogo constructivo futuro».
El experto indicó que durante la visita pudo observar que la mayoría de los conflictos asociados a proyectos de inversión de gran escala «tienen un origen bastante común: la falta de involucramiento y diálogo significativo, la insuficiente y débil práctica de consulta y búsqueda de consentimiento».
Aunque destacó «algunos pasos» que ha dado el Gobierno hondureño al separar las funciones de las secretarías de Ambiente y de Energía, de tal modo que la institución que otorga las licencias no sea la mismo que promueve las inversiones.
El reporte, cuya versión final será presentada al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra en junio de 2020, destaca que el derecho de las personas y comunidades afectadas a participar de «manera significativa en la toma de decisiones desde una etapa temprana es un requisito básico para crear un entorno propicio para una conducta empresarial responsable».
Anita Ramasastry, también miembro del grupo, dijo que el Estado y las empresas deben «darse cuenta de que escuchar todas las voces ayuda a identificar, mitigar y abordar las quejas antes de que se conviertan en conflictos».
Destacó la urgencia de que el Parlamento de Honduras elabore «una ley sobre el consentimiento libre, previo e informado y la consulta de los pueblos indígenas y otras comunidades», porque la práctica de la socialización de los proyectos «no equivale a una consulta significativa».
Los integrantes del grupo señalaron que la «identificación y el tratamiento de los daños potenciales y reales a las personas que se derivan de las operaciones comerciales constituían el núcleo del concepto de la diligencia debida en materia de derechos humanos, establecido en los Principios Rectores de las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas».
Tras reunirse con autoridades del Gobierno y con representantes de empresas y de la sociedad civil, el grupo enfatizó que «las empresas y los inversores se benefician de la corrupción y descuidan su responsabilidad de respetar los derechos humanos».
Por lo que los animó a expresar «una voluntad genuina de cambiar este enfoque y mejorar el respeto corporativo por los derechos humanos, entendiendo que el respeto por los derechos humanos también es bueno para las empresas. Apoyamos este enfoque que puede inspirar a los miembros a seguir».
«Debería haber una acción inmediata para derogar las disposiciones del nuevo proyecto de Código Penal destinadas a penalizar la disidencia y silenciar a quienes defienden a las víctimas de abusos, al tiempo que se reducen las penas por fraude y corrupción», agregaron.
Además, es esencial garantizar la independencia del sistema judicial para «fortalecer la rendición de cuentas y el acceso a recursos para las víctimas de abusos de los derechos humanos por parte de las empresas».
Los miembros del grupo de trabajo se hicieron eco del llamado del relator especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, el peruano Diego García-Sayán, que la semana pasada visitó Tegucigalpa e instó a las autoridades a renovar el mandato de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), que depende de la OEA.
Los expertos esperan además que el Gobierno hondureño fortalezca las funciones de la Maccih, la primera iniciativa del organismo para combatir la corrupción en un Estado miembro instalada en abril de 2016 en el país centroamericano.
