Naciones Unidas.– La ONU reclamó este martes al Gobierno de El Salvador que las medidas para combatir el coronavirus sean siempre legales, proporcionadas y que busquen el menor impacto posible para la población, y expresó su preocupación por algunos mensajes lanzados por autoridades del país.
«El secretario general urge a todos los actores políticos a actuar de forma responsable, con pleno respeto por los derechos humanos, las instituciones democráticas y el Estado de derecho», señaló el portavoz de António Guterres, Stéphane Dujarric, durante su conferencia de prensa diaria.
Dujarric recordó que, desde el principio de la pandemia, el jefe de Naciones Unidas ha pedido a los Gobiernos que usen medidas para proteger la salud que sean «legales, proporcionadas, necesarias y no discriminatorias, con un foco y duración específicos» y que utilicen «el enfoque menos invasivo» posible para los ciudadanos.
Según dijo el portavoz, en el caso de El Salvador ha habido «algunas declaraciones hechas por distintas entidades dentro del Gobierno que han sido de preocupación» para Naciones Unidas, aunque evitó especificarlas.
Dujarric, además, subrayó que «politizar el trabajo de agencias técnicas de la ONU únicamente minaría los esfuerzos nacionales para responder a la pandemia» y aseguró que la organización está lista para ayudar a los salvadoreños a construir un país «pacífico, democrático y próspero».
Este lunes, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador suspendió temporalmente el decreto de estado de emergencia del Gobierno de Nayib Bukele, quien prescindió del Congreso para adoptar la medida.
Las autoridades salvadoreñas habían impuesto ya anteriormente una cuarentena «absoluta» y «rígida» en todo el país centroamericano para tratar de frenar los contagios y evitar el colapso de su sistema sanitario, de acuerdo con el Gobierno.
El mes pasado un grupo de 16 organizaciones humanitarias de El Salvador se habían dirigido a Guterres pidiéndole activar mecanismos de Naciones Unidas para «preservar» la democracia en el país ante una serie de medidas gubernamentales que consideraban «autoritarias» en el marco de la lucha contra el COVID-19.
