Tegucigalpa/Nueva York – La burocracia de las Naciones Unidas impulsó el proyecto de enviar un Asesor Especial para Centroamérica a fin que impulsará un grupo de apoyo para el combate a la criminalidad y al impunidad, pero nunca hablaron sobre la creación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad, como inicialmente previó el entonces presidente hondureño Porfirio Lobo Sosa.
En todo caso el proyecto solo quedo en las oficinas de la sede general, ya que nunca paso a las instancias de mando del organismo mundial, ni fue aceptado por los países centroamericanos.
A pesar de la petición inicial el 2010 de El Salvador y Honduras para que las Naciones Unidas enviará un grupo que apoyará en el combate a la impunidad y el crimen organizado durante la 65 asamblea general al final el gobierno hondureño se quedó solo, cuando el entonces presidente Lobo Sosa insistió en el tema en la 66 asamblea general del ente mundial el 2011.
Un documento interno elaborado por el Departamento de Asuntos Políticos (DPA) de la ONU para la oficina del Secretario General recomendaba establecer un Asesor Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para Centroamérica, especialmente para Honduras y El Salvador, pero nunca se habló de crear una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH).
De hecho el grupo señalaba en su documento de trabajo que la sede del Asesor Especial, una especie de enviado especial, debía tener su base en El Salvador, ya que tenía que trabajar cerca del Sistema de la Integración Centroamericana (Sica).
El Sica es el órgano político de la región y mantiene su cuartel general en El Salvador.
El Asesor Especial del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban KI-moon, debería trabajar en apoyar la estrategia de seguridad regional y combatir la impunidad en la región, así como promover la fortaleza de las instituciones de seguridad.
El equipo del Asesor Especial para Centroamérica debería trabajar con las diversas agencias de las Naciones Unidas, los gobiernos, así como con la CICIG que opera en Guatemala.
Además de tener su cuartel general en El Salvador, el grupo tenía que tener una oficina de enlace con el cuartel general de la ONU en Nueva York, para que sirviera de comunicación con las diversas oficinas y agencias.
También tenía que remitir los informes que debía enviar el Asesor Especial para Centroamérica al secretario general y este a su vez lo remitiría a la Asamblea General de las Naciones Unidas, el verdadero órgano de poder al interior del organismo mundial.
Estructura El equipo del Asesor Especial, según el proyecto elaborado por el Departamento de Asuntos Políticos de las Naciones Unidas, debía estar conformado por un Oficial de Asuntos Políticos (P-5, en la estructura del organismo mundial), Un Asesor en Crimen Organizado (P4-P3), el cual debía ser enviado por la Oficina de las Naciones Unidas para el Crimen y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), un Oficial de Derechos Humanos (P4/3), un Oficial de Seguridad (su nivel sería determinado por el DSS) que sería el enlace con la Policía Nacional y otras fuerzas de seguridad de los países, así como el Oficial de Asuntos Políticos, que sería el enlace en Nueva York. Para la sección del Crimen Organizado se crearía una Oficina de Apoyo. El documento del DPA de las Naciones Unidas fue clasificado internamente como “Non-Paper”, lo que lo señala que no es un documento oficial del sistema, sino un documento de trabajo. El referido documento nunca fue aceptado al interior de la Sica, especialmente por la oposición de las naciones del sur de Centroamérica, por su temor a ser englobados como parte del problema de violencia extrema que padecen el llamado Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras). Las Naciones Unidas apoyan actualmente el proyecto de Estrategia de Seguridad para Centroamérica, el cual fue adoptado por los gobiernos que conforman Sica.
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