Tegucigalpa- El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) señaló al Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega de pretender destruir la autoridad de la Iglesia católica en Nicaragua, país en donde un obispo y nueve sacerdotes se encuentran encarcelados.
«En 2022 se agravó la persecución religiosa. El régimen Ortega Murillo continuó con su propósito perverso de destruir la autoridad de la Iglesia por el apoyo que, enmarcado dentro de su labor pastoral, ha brindado al pueblo nicaragüense desde la rebelión social iniciada en abril 2018», sostuvo ese organismo en su informe anual, en la que dedicó un capítulo a la relación Iglesia-Estado.
En el capítulo denominado «Persecución a la Iglesia y sus clérigos», el Cenidh indicó que «este patrón represivo incrementó de tal manera que pasó de daños a la infraestructura de las iglesias e imágenes sacras, hostigamientos durante misas, a la persecución, amenazas de muerte, agresiones, detenciones arbitrarias, criminalización y judicialización de sacerdotes».
EL CASO DEL OBISPO ROLANDO ÁLVAREZ
El Cenidh, que fue ilegalizado como ONG por el Ejecutivo de Ortega en el marco de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril de 2018, hizo especial énfasis en el caso del obispo Álvarez, a quien «el régimen mantuvo constante vigilancia y persecución».
El pasado 13 de diciembre, el Ministerio Público de Nicaragua acusó al obispo Álvarez y al sacerdote exiliado Uriel Antonio Vallejos por los presuntos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense.
Álvarez Lagos, de 56 años, es obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, ambas en el norte de Nicaragua.
Fue sustraído la madrugada del viernes 19 de agosto por agentes policiales del palacio episcopal provincial junto con cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo, después de haber estado 15 días confinados.
La Policía de Nicaragua, que dirige Francisco Díaz, consuegro del presidente Ortega, acusa al alto jerarca de intentar «organizar grupos violentos», supuestamente «con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales».
El jerarca es el primer obispo arrestado y acusado desde que el exguerrillero sandinista retornó al poder en Nicaragua en 2007.
ORTEGA HA TILDADO DE «TIRANÍA PERFECTA» A LA IGLESIA
En octubre pasado, Ortega arremetió contra la Iglesia católica que dirige el papa Francisco, la acusó de no practicar la democracia, de ser una «dictadura» y una «tiranía perfecta» y de haber utilizado «a sus obispos en Nicaragua para dar un golpe de Estado» a su Gobierno en el marco de las manifestaciones que estallaron en abril de 2018 por unas controvertidas reformas a la seguridad social.
En 2022, el Gobierno sandinista expulsó del país al nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag, según el Vaticano, y a 18 monjas de la orden Misioneras de la Caridad, fundada por la Madre Teresa de Calcuta.
También ha llevado a prisión a nueve sacerdotes y dos colaboradores de la diócesis de Matagalpa, cerrado nueve estaciones de radio católicas y sacado de la programación de la televisión por suscripción a tres canales católicos, e impedido procesiones y romerías.
Las relaciones entre los sandinistas y la Iglesia católica de Nicaragua han estado marcadas por roces y desconfianzas en los últimos 43 años.
La comunidad católica representa un 58,5 % de los 6,6 millones de habitantes de Nicaragua, según el último censo nacional. EFE
(ir)
