Tegucigalpa – El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, viajó hoy a Colombia a participar, junto a otros ombudsman de Latinoamérica, en una audiencia en el marco del 167 período extraordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para tratar asuntos referentes al desplazamiento forzado interno de personas y los derechos humanos en América.
El Defensor del Pueblo hondureño expresó que el propósito es visibilizar un fenómeno que ha sido desconocido por la misma sociedad y por el Estado.
Agregó que los desplazamientos forzados internos de personas deja como consecuencia el dolor humano, afecta el desarrollo sostenible, la seguridad interna del país y fragmenta las familias.
Explicó que la solicitud, para participar en la audiencia de la CIDH, se realizó entre noviembre y diciembre de 2017 para hacer visible, en América Latina, una situación que está afectando a tantas personas y familias.
Destacó la importancia de abordar, en el sistema interamericano, la relación que existe entre el desplazamiento forzado interno y los derechos humanos y, sobre todo, empezar a tomar medidas para prevenir que se reproduzca este fenómeno o buscarle soluciones duraderas al mismo.
Explicó que en la audiencia con la CIDH, prevista para el 1 de marzo próximo, se expondrán las causas que están motivando los desplazamientos forzados de personas así como los efectos que está teniendo y las repercusiones que va a tener sobre el desarrollo sostenible de Honduras.
Agregó que el tema del desplazamiento forzado interno implica que la responsabilidad de protección del Estado no está dando los resultados necesarios para hacer respetar el derecho de cada persona a estar en el lugar donde necesita vivir, trabajar y a estar con su familia.
Un estudio de caracterización de desplazamiento Interno en Honduras, estima que, entre los años 2004 al 2014, el número de personas desplazadas internas en 20 municipios, pertenecientes a 11 departamentos, fue estimado en 174,000 personas, equivalente a cerca de 41,000 hogares.
Se estima que hasta el 2016, unos 45,710 hondureños huyeron del país en busca de protección internacional, de los cuales, alrededor de 10,507 están en condición de refugiados, en su mayoría, en países como Estados Unidos, España, Canadá, México y Costa Rica, mientras que más de 35,200 están a la espera que les confirmen su estatus de refugiados.
Entre el 2016 y los primeros cinco meses del 2017, el Conadeh registró cerca de 900 casos de personas y familias, de diversos sectores del país, que se vieron en la obligación de salir de sus hogares por causas que van desde amenazas a muerte, extorsiones y el reclutamiento forzado de niños y adolescentes, por parte del crimen organizado.
Entre las víctimas figuran, por su orden, amas de casa, comerciantes, maestros de educación, estudiantes, agricultores y en menor medida, abogados, policías, transportistas, vendedores, mecánicos, operarios de maquila y periodistas.
Herrera Cáceres espera que al final de la audiencia, en Colombia, la CIDH tenga elementos mucho más amplios para ponderar el fenómeno en toda América Latina y sus consecuencias, pero, al mismo tiempo, que pueda formular recomendaciones a nivel americano sobre este tema para todos los gobiernos e instituciones involucradas.
Advirtió que un desplazamiento interno que no es debidamente prevenido o protegido se torna en una migración forzada al final.
El Defensor del Pueblo no descarta que en el futuro, las víctimas de desplazamiento forzado interno tengan abierta la posibilidad de recurrir al sistema interamericano.
En la audiencia de la CIDH también participarán, la Defensoría del Pueblo de Ecuador, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile y la Secretaría General de la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del Continente Americano (Red-INDH), entre otros.
Honduras fue el primer país en reconocer la existencia del desplazamiento forzado por violencia y otras causas por lo que creó la Comisión Interinstitucional para la Protección de Personas Desplazadas por la Violencia (CIPPDV)
En el 2015, el Conadeh y el Alto Comisionado de las Naciones Unidades para los Refugiados (ACNUR) firmaron, una Carta de Entendimiento encaminada a prevenir las causas del desplazamiento interno y a proteger a las personas desplazadas por la violencia en Honduras.
