Tegucigalpa – La Comisionada Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Blanca Izaguirre, condenó la muerte violenta del profesional del derecho Gerardo Meza e hizo un enérgico llamado, al pueblo hondureño, para trabajar conjuntamente por una Honduras sin violencia, especialmente en el departamento de Olancho, donde el ejercicio de la profesión es una constante amenaza para los abogados.
– Con la muerte violenta del abogado Gerardo Meza suman cuatro los profesionales del derecho muertos violentamente en lo que va del 2022, el segundo en Olancho en este año y el octavo en ese departamento desde el año 2010.
La defensora de derechos humanos expresó su preocupación por los niveles de violencia criminal y homicida que experimenta el pueblo hondureño, que en los primeros cinco meses del 2022 dejo un promedio de 10 muertes violentas diarias o una víctima cada dos horas y media.
En ese sentido, indicó que para enfrentar esta problemática se requiere de una sociedad bien organizada para luchar en forma integral por la seguridad de la vida y los bienes de todos los hondureños.
La titular del Conadeh se solidarizó con la familia del abogado Meza (40) y urgió de las autoridades competentes una efectiva investigación para evitar que este crimen se agregue a la larga lista de impunidad que afecta a más del 90% de los casi 200 abogados que han perdido la vida en circunstancias violentas desde el año 2004.
Informes preliminares indican que el pasado 23 de junio, en horas de la noche, Gerardo Meza fue asesinado a balazos en el barrio Las Flores de Juticalpa, Olancho, a pocos metros de su vivienda.
Con la muerte violenta de Meza, expresidente del Colegio de Abogados capítulo de Juticalpa, suman dos los abogados muertos violentamente en ese departamento en lo que va del 2022 y, al menos ocho, desde el año 2010, según registros del Comisionado Nacional de los DDHH.
Al parecer, los ocho casos de profesionales del derecho, muertos violentamente en Olancho, fueron cometidos con armas de fuego y los mismos se mantienen en la impunidad. En por lo menos cinco casos, los responsables del hecho violento se conducían en motocicleta al momento de ejecutar a las víctimas.
De los ocho casos registrados en el departamento de Olancho, al menos, 6, fueron ultimados en el municipio de Juticalpa, 1 en Santa María del Real y otro en Catacamas. Entre las víctimas figuran dos mujeres y seis hombres.
Izaguirre recordó que, es deber del Estado garantizar que los abogados realicen su labor sin ningún tipo de intimidación y cuando su seguridad esté amenazada por el ejercicio de su trabajo, las autoridades deben brindar protección para salvaguardar su integridad física y su vida.
Reiteró que el ejercicio del derecho se ha convertido, en los últimos años, en una profesión de alto riesgo para quienes la ejercen. En lo que va del 2022, son cuatro los profesionales del derecho que han perdido la vida violentamente, dos de ellos en el departamento de Olancho.
Al menos 14 departamentos de Honduras han sido escenario de muertes violentas de abogados, sin embargo, el mayor riesgo se presenta en Cortés y Francisco Morazán que registran el 70% de los casos. JP
