Tegucigalpa – Mediante un comunicado, el DCI-005-2025, la Secretaría de Finanzas salió a defender a su actual titular y sus dos antecesores de la denuncia interpuesta en el Ministerio Público por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), por un caso de corrupción en publicidad y propaganda.
En el documento, la oficina estatal afirma que Rixi Moncada, Marlon Ochoa y Christian Duarte “han actuado en el marco de la legalidad y la transparencia”, mientras apuntó a una campaña difamatoria del CNA forma parte de la agenda del bipartidismo”.
Los funcionarios son acusados de malversación de caudales públicos por la aprobación de modificaciones presupuestarias para financiar gastos en publicidad y propaganda de la Secretaría de Planificación Estratégica (SPE).
En el documento, Sefin confirma las modificaciones presupuestarias, “el crédito fue suscrito como un apoyo presupuestario, por lo que el Gobierno tenía facultades para destinario según prioridades de gasto”, defiende.
El oficialismo tilda de artificio, la denuncia presentada por el CNA y asegura que esta organización no gubernamental se dedica “a fabricar casos con motivación política”, por lo que advierte que “la falsedad de la acusación otorgaría a los señalados el derecho a denunciar una falsa denuncia y simulación de infracción inexistente, según los artículos 528 y 529 del Código Penal”.
CNA reitera denuncia
Por su parte, el CNA observó que el comunicado DCI-005-2025 “no desvirtúa los hechos denunciados ante el Ministerio Público”.
El ente anticorrupción reitera que la denuncia no pone en duda la facultad del titular de la Secretaría de Finanzas de autorizar modificaciones presupuestarias, sino, la discrecionalidad con la que se aprobó una aplicación distinta de los fondos asignados a proyectos específicos, que se destinaron a cubrir gastos de propaganda y publicidad en el 2023 y 2024.
“De acuerdo a las resoluciones firmadas por los ministros, dichos recursos fueron tomados de la estructura de «Asignaciones financieras contingencias de la institución 449. Esta decisión contraviene lo que establece el artículo 40 de la Ley Orgánica del Presupuesto sobre los compromisos que se pueden cubrir con esos fondos, que no incluye entre las opciones el pago de propaganda y publicidad”, enfatiza el CNA.
Asimismo, el CNA hace la observación de que como lo aclara Sefin, “se destinó dinero del préstamo No.2297 entre el BCIE y el Estado de Honduras”, pero el ente anticorrupción recuerda que el convenio ya establecía cláusulas que prohibían utilizar los fondos en algo distinto al programa para el cual se había otorgado.
Además recuerda que “la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Herrera Ulloa Vs Costa Rica, establece que los funcionarios públicos están sujetos al escrutinio de la ciudadanía, por lo que deben mostrar mayor tolerancia a la crítica, lo cual implica una protección de la privacidad y de la reputación diferente que la que se otorga a un particular”. VC
