En un comunicado, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, pidió que el Gobierno hondureño investigue el crimen «de manera rápida y eficaz» y determine si el asesinato «estuvo vinculado» con su labor periodística.
«Exhortamos a las autoridades de Honduras a actuar con la mayor diligencia posible para investigar lo sucedido y para juzgar a los responsables», afirmó el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Ignacio J. Álvarez.
«Es especialmente importante que en los delitos contra periodistas se investigue no solo a los autores materiales, sino también a los autores intelectuales y a las demás personas cuya colaboración y tolerancia hicieron posible la comisión de tales delitos», agregó.
Salgado, periodista y humorista de la Radio Cadena Voces (RCV), salía de la radio cuando cuatro desconocidos le dispararon con armas automáticas el pasado 18 de octubre en Tegucigalpa, según la prensa hondureña y organizaciones no gubernamentales.
El periodista era presentador de un programa de radio llamado «Frijol el Terrible», que hacía sátiras contra la clase política del país.
Según el comunicado, Salgado no había recibido amenazas de muerte pero, hace unas semanas, «periodistas de RCV dijeron estar recibiendo intimidaciones y amenazas por su labor periodística».
La Relatoría destacó que los Estados tienen la obligación de «prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos» reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Además, la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la CIDH señala que «el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión».
