Tegucigalpa – Ocho departamentos de Honduras se encuentran en emergencia ambiental, no solamente por los efectos del cambio climático, sino también por otras circunstancias como las plagas y la tala, según revelaron a Proceso Digital, la coordinadora de la Fiscalía Especial del Ambiente, Miriam Figueroa y la bióloga de la unidad técnica ambiental de esa dependencia del Ministerio Público, Verónica Soto.
-Olancho, El Paraíso, Francisco Morazán, Yoro, La Paz, Comayagua, Intibucá y Gracias a Dios, están declarados en emergencia ambiental.
-La persona que provoque un descombro se expone de tres a seis años de cárcel con un agravante de un tercio más.
–En abril pasado, se creó una fuerza de tarea interinstitucional para el combate al delito ambiental.
Figueroa refiere que el Instituto de Conservación Forestal (ICF) es el ente estatal que se encarga de velar por la protección y el adecuado manejo de los recursos forestales y esa dependencia tiene una estadística “bastante alarmante” de la situación ambiental actual en comparación con años anteriores.
Destrucción forestal
Detalló que los bosques son afectados y dañados por diferentes factores o enemigos como la tala inmisericorde, descombros e incendios de gran magnitud.Añade que en años anteriores, han existido plagas que han ocasionado también una pérdida de grandes cantidades de hectáreas de bosque en Olancho, Yoro, Francisco Morazán y El Paraíso, mientras que en otros departamentos está la presencia del gorgojo que también ha arrasado con una buena porción del recurso forestal.
En ese sentido, explicó que “existe una emergencia nacional declarada por el Comité Nacional de Protección Forestal en ocho departamentos del país; entonces la situación es muy alarmante y ya es necesario que la ciudadanía tome conciencia porque los beneficios de que no se pierda el bosque es increíble, nada se compara con el beneficio de un árbol, no digamos un ecosistema en todo su contexto”.
Indicó que a través del Comité Nacional de Protección Forestal (Conaprofor) se ha declarado la emergencia ambiental en ocho departamentos por la presencia de plagas que consumen grandes hectáreas de bosque a nivel nacional como lo que ocurre en Gualaco y San Esteban en el departamento de Olancho y que se ha expandido a Yoro, El Paraíso, Comayagua, La Paz, Gracias a Dios y otros departamentos.
Pormenorizó que a nivel de los incendios forestales, la última estadística indica que se han destruido 37 mil hectáreas de bosque y esa cantidad solamente abarca los lugares donde hubo presencia y combate de 983 incendios determinados.
Anuncian desalojos
Al sobrevolar la biosfera del Río Plátano, se puede observar la destrucción por la tala, los descombros, la quema y la presencia humana en la zona núcleo de ese ecosistema que es patrimonio de la humanidad y es por eso que el presidente Juan Orlando Hernández ha ordenado que a través de la Fiscalía se hagan los desalojos de esas personas porque son tierras que le pertenecen al Estado de Honduras.Indicó que georeferencialmente, en la biosfera existen 26 puntos donde existe actividad, en algunos hay presencia humana y en otros la gente sólo llega, trabaja, descombra, corta, incendia y se va. “Estamos priorizando en los lugares donde hay presencia humana y ahí si se va a proceder a hacer los desalojos”, afirmó.
Daño a la vida silvestre
Por su parte, la bióloga Verónica Soto, calificó la problemática ambiental a nivel nacional como “alarmante”, lo que se puede constatar con el aumento en el nivel de la temperatura en ciudades como Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba donde se ha generado una deficiencia en cuanto a la producción del recurso agua, al tiempo que hay una degradación ambiental ya que un solo árbol beneficia enormemente con el intercambio del CO2 o dióxido de carbono y su ciclo en la naturaleza que está vinculado al del oxígeno.
Ejemplifica que en los bulevares en las ciudades donde la cantidad de vegetación que hay está oscura es producto de la cantidad de CO2 que emiten los vehículos, es decir que el árbol ya no tiene esa capacidad de intercambio.
Destaca que cuando ocurre un incendio forestal, no solamente se afecta a los árboles en los bosques latifoliados, de pino u otra especie, sino a la vida silvestre que permanece en ese hábitat, principalmente la fauna que muere durante el fuego y otros animales que logran escapar, pero que regresan hasta los dos o tres años.De hecho, se han perdido muchas especies de flora y fauna en bosques latifoliados o mixtos y varias están en peligro de extinción como el venado cola blanca que también es víctima de los cazadores.
Enjuiciamiento a culpables
Figueroa indica que el accionar de la Fiscalía Especial del Ambiente va directamente a recibir toda la información y denuncias de los ciudadanos o de los operadores de justicia y funcionarios públicos que establecen que en cierto lugar se ha cometido un hecho constitutivo de delito ambiental.
No obstante, lamenta que en muchos casos ha sido imposible enjuiciar a los culpables por lo que los delitos quedan en la impunidad, principalmente en el caso de los incendios forestales.
“Se ha acreditado técnicamente que existe el delito, se hace la inspección, se recoge la información de campo, pero al momento de judicializar o individualizar a la persona responsable, eso nos ha limitado mucho, pero son diferentes factores en la gama de delitos que la Fiscalía del Medioambiente conoce”, lamentó.
Recordó que en abril pasado, el presidente Juan Orlando Hernández, en el marco del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, creó una fuerza de tarea interinstitucional para el combate al delito ambiental.
Esa instancia está conformada por todas las instituciones que integran la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) y otras instituciones relacionadas al tema ambiental como el ICF, la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (Serna), el Instituto Nacional de Geología y Minas (Ingeomin) y la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), según la rama que les corresponda.
Asegura que esa fuerza de tarea ya entró en funciones y ha rendido algunos buenos resultados a nivel nacional, porque hay una mejor organización, se ha operado, apoyado y fortalecido el trabajo que ya se venía realizando, a través de una capacitación al personal de Fusina y de esa fiscalía.
Entre esos resultados detalló que ya hay más de 20 personas judicializadas desde abril cuando se creó esa fuerza de tarea y existen instrucciones a nivel nacional emitidas por la abogada Lorena Fernández, fiscal especial del Ambiente para que exista una coordinación en todo el país.
Colaboración de la ciudadanía Indicó que el delito del incendio forestal es fácilmente probable mediante una investigación de campo, un informe técnico, pero individualizar a la persona que comete ese delito, se hacía complicado y difícil, pero ahora existe presencia de Fusina, de la Policía y de los militares a nivel nacional y las instrucciones que tienen es de estar vigilantes. Agregó que la ciudadanía ha ayudado muchísimo que ahora está más dispuesta a colaborar con el Ministerio Público y todos los operadores de justicia para que esos delitos no queden en la impunidad. Ejemplificó que seis personas en La Esperanza, Intibucá, quienes estaban preparando la tierra para sembrar, quemaron la basura de la parcela, no utilizaron la normativa técnica y la pericia adecuada, se les pasó el fuego y provocaron un incendio forestal y eso es muy común a nivel nacional y ese es un delito o responsabilidad administrativa o penal, aunque la gente no haya tenido la intención, pero se queman grandes extensiones de bosque. Citó otro caso de una señora de 50 años de edad a quien en el sector de Las Casitas, en la carretera que comunica con El Paraíso, quien fue detenida por los militares porque quemó la basura en su casa, se le pasó el fuego y se quemaron 20 hectáreas de bosque. Ahora esa señora está judicializada, indicó Figueroa, quien advirtió que una persona que provoque un incendio forestal, se expone a pasar hasta nueve años en la cárcel.
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