Managua – El independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 reportó este sábado que un total de 1,114 personas han muerto en Nicaragua por síntomas relacionados con la pandemia, una cantidad que supera los 46 confirmados esta semana por el Ministerio de Salud.
Según el Observatorio Ciudadano, compuesto por una red de médicos y voluntarios de otras profesiones que verifican y registran de forma independiente los casos de COVID-19, la pandemia ya ha afectado en total a 5,027 personas en Nicaragua, mientras que las autoridades registran 1,118 casos.
El informe indicó que solo entre el 28 de mayo pasado y el 3 de junio, un total de 1,292 personas fueron detectadas con síntomas de COVID-19.
Las estadísticas del Observatorio Ciudadano coinciden con la advertencia de las asociaciones médicas nicaragüenses, que en días recientes recomendaron a los habitantes del país realizar una “cuarentena voluntaria nacional” ante la creciente curva de contagios.
“En esta etapa en donde el número de personas con la enfermedad crece exponencialmente, es momento de aumentar la protección individual, familiar y comunitaria”, sostiene el observatorio.
Esas recomendaciones se deben a que la estrategia del Gobierno para enfrentar la pandemia, basada en que la economía no se puede detener, no contempla restricciones, propone mínimas medidas de prevención y promueve actividades de aglomeración.
El observatorio señala las aglomeraciones como una de las principales «irregularidades» en medio de la pandemia, cuya consecuencia es la expansión de virus, según sus conclusiones, en las que también apunta a a supuestos entierros clandestinos sin avisar a los familiares.
La situación de Nicaragua ha despertado preocupación en la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), según sus representantes.
También la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han puesto su atención en Nicaragua y solicitado al Gobierno del presidente Daniel Ortega que garantice el derecho a la salud.
