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Observadores de la UE comenzaron a desplazarse por todo Honduras de cara a elecciones

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Tegucigalpa – La Unión Europea (UE) estará representada en lo que queda del proceso electoral de Honduras, que concluirá el 24 de noviembre próximo, con una misión de unos 90 observadores que esta semana comenzó a desplazarse por los 18 departamentos del país centroamericano.
 

La misión de observación electoral de la UE es políticamente independiente, tanto de sus 28 Estados miembros como de las instituciones de la misma Unión Europea, y actúa bajo estrictos principios de neutralidad, imparcialidad y objetividad, según dijo a la prensa la jefa del grupo, Ulrike Lunaceck.

«Para nosotros es importante la llegada de los observadores de la Unión Europea y cualquier otra región del mundo, porque le darán mayor certidumbre al proceso electoral», indicó uno de los dirigentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que solicitó el anonimato.

Agregó que los enviados de la UE ya celebraron las primeras reuniones de trabajo con las autoridades del TSE y que «la comunicación con ellos es permanente para lo que requieran en el desempeño de su misión como observadores».

El pasado jueves, Lunacek presidió en Tegucigalpa la ceremonia de salida de los primeros observadores de la UE hacia el interior de Honduras, un país que sufre los efectos de una delincuencia común y criminalidad que a diario deja una veintena de muertos.

Parte de esa violencia criminal es atribuida por las autoridades locales a pandillas armadas, el narcotráfico y el crimen organizado, que operan en sitios que no desconocen la Policía Nacional y el Ejército.

Entre los temas de interés de la misión de la UE figuran la procedencia de los recursos de los políticos para financiar sus campañas, la entrega de tarjetas de identidad a los hondureños y la independencia, transparencia y eficiencia de un proceso electoral en el que, por primera vez, participarán nueve partidos políticos.

Los partidos contendientes son el Nacional, en el poder; el Liberal, primera fuerza de oposición (ambos conservadores); Democracia Cristiana, Unificación Democrática (UD, izquierda) y el Innovación y Unidad-Socialdemócrata.

Se suman el Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Anticorrupción (conservador), Frente Amplio Político Electoral en Resistencia (Faper, izquierda) y Alianza Patriótica (conservador), los últimos cuatro surgidos tras la crisis política del 28 de junio de 2009 que terminó con el derrocamiento del entonces presidente de Honduras, Manuel Zelaya.

Zelaya fue depuesto y expulsado del país cuando promovía una consulta popular para reformar la Constitución, lo que la ley le impedía.

Sobre los observadores de la UE, Zelaya dijo que su esposa, Xiomara Castro, candidata presidencial por Libre, y él, ya se han reunido con la misión, y que con las elecciones «se definirá mucho lo que son los procesos democráticos para el futuro en América Latina, que son en contra de los golpes de Estado».

«Es válida la observación internacional y sus visitas son parte del proceso, que es atractivo para la comunidad internacional. Vamos a esperar todos los observadores posibles, nosotros hemos estado pidiendo a la comunidad internacional que envíen observadores», agregó Zelaya, otrora líder del conservador Partido Liberal.

Dijo además que su esposa sigue al frente de los sondeos de opinión, aunque no precisó con qué porcentaje con respecto a sus contendientes.

Los otros candidatos con opción de triunfo son Juan Orlando Hernández, del partido Nacional; Mauricio Villeda, del Liberal, y Salvador Nasralla, del Anticorrupción, según las encuestas.

El proceso político es un reto para el TSE, no sólo por la participación de nueve partidos, de los que dos de los cuatro recién surgidos, Faper y UD, han hecho una alianza a nivel de candidato presidencial, sino porque también supone la transición y el fin de la crisis política surgida del golpe de Estado de 2009.

Debido a la alianza entre Faper y UD, los candidatos a la presidencia solamente son ocho.

El objetivo de los observadores de la UE es «llevar a cabo una evaluación independiente, imparcial y objetiva del proceso electoral a la luz de las obligaciones regionales e internacionales contraídas por el país en materia de elecciones democráticas, así como de la propia legislación nacional».

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