Miami (EE.UU.) – El obispo nicaragüense Juan Abelardo Mata afirmó hoy que el intento del presidente Daniel Ortega de buscar la reelección indefinida mediante una «antidemocrática» reforma constitucional producirá un gobierno de tipo «somocista».
Mata, obispo de Estelí, se encuentra de visita en Miami invitado por un comité cívico nicaragüense que está «muy preocupado por lo que está sucediendo en Nicaragua», según declaró a Efe.
El obispo, que precisó que su postura forma parte de una valoración «colegiada del Obispado nicaragüense», señaló que ha recibido «amenazas de muerte» y sufrido el «acoso» por parte de «personas afines al Gobierno» nicaragüense por denunciar el «abuso» que a su juicio suponen los planes de Ortega.
Según el proyecto de reforma presentado por el grupo parlamentario sandinista a la Asamblea Nacional, el presidente de la República podría ser elegido con una mayoría relativa de votos, dictar decretos ejecutivos con fuerza de ley y nombrar a militares en servicio activo para ocupar cargos en instituciones del Estado.
La reforma, pendiente todavía de aprobación en el Parlamento, eliminaría la prohibición de la reelección presidencial, lo que permitiría a Ortega aspirar a otro mandato en los comicios de 2016, que sería el tercero consecutivo y el cuarto desde que en 1984 asumió la presidencia por primera vez.
En su entrevista con Efe, el obispo nicaragüense dijo que la aprobación de esa reforma «hay que darla ya por hecha», debido a que el sandinismo controla la Asamblea Nacional con una «mayoría absoluta fraudulenta».
«Todo el texto lo consideramos viciado desde su génesis», subrayó.
El obispo aseguró que, de llevarse a cabo esta reforma, supondría el fin de la democracia representativa y el comienzo de la «democracia directa» que el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) quiere, lo que a su juicio no es otra cosa que un proyecto «neocomunista al que llaman ‘Socialismo del siglo XXI», el mismo que está en marcha en Venezuela.
La propuesta de Ortega, en opinión del prelado, supone la voladura de las cerraduras constitucionales que impiden el ejercicio del poder al candidato que haya desempeñado el cargo en dos ocasiones, que es el caso del líder sandinista, y la reelección consecutiva.
«Ahora quiere (Ortega) cambiar la Constitución eliminando dos trabas que le permitirían su reelección sin solución de continuidad y con una mayoría relativa», insistió.
Tras dejar claro que la Constitución puede ser reformada, Mata indicó que lo que es alarmante es que la propia Corte Suprema de Justicia «decretara la ilegalidad de la Constitución» y «permitiera que Ortega» se presentara como candidato a la Presidencia en 2011.
Entonces, el Supremo nicaragüense dictó una polémica medida según la cual los impedimentos legales de la Constitución para la reelección no eran aplicables para Ortega.
Pero, dado que esas normativas se mantuvieron en el texto constitucional, Ortega, que regresó al poder en Nicaragua en tras 16 años como líder de la oposición, intenta ahora suprimirlas con su reforma constitucional.
«Ortega subió al poder robando las elecciones. Y el artículo 46 de la Constitución de la República prohíbe la reelección continua y que quien ocupó dos veces la silla presidencial vuelva a optar a ella», reiteró el obispo, quien ha recibido «amenazas de muerte» y sufrido el «acoso» por parte de «personas afines al Gobierno» nicaragüense.
Mata censuró también el intento de Ortega de otorgar a los militares del país potestad para ocupar cargos civiles en las instituciones públicas, de aprobarse la reforma.
Se trata de una clara «involución. Se vuelve (con esta militarización), como si no hubiera pasado Nicaragua ya por un baño de sangre», al restablecimiento, «con otras personas y otro lenguaje», a un tipo de gobierno «somocista», el de la dinastía Somoza, contra la que surgió la revolución sandinista en 1979.
Advirtió de que «un militar está preparado para obedecer de forma taxativa y hermética» y eso, resaltó, «no favorecería el desarrollo de una institución en la que debe haber diálogo entre el Gobierno y el pueblo».
«El militar tiene una función en la nación: garantizar la seguridad en las fronteras y en casos de emergencia, pero no puede estar ocupando el puesto de los civiles», subrayó.
Se refirió también a la «violencia armada» que, según dijo, ha surgido en zonas montañosas del país centroamericano, como reacción «desesperada» ante un Gobierno «sordo que no escucha los clamores del pueblo».
Parte del campesinado «se ha vuelto a armar, ya que no ven un liderazgo de la oposición ante la avalancha» del Estado actual, advirtió.
El obispo, que precisó que su postura forma parte de una valoración «colegiada del Obispado nicaragüense», señaló que ha recibido «amenazas de muerte» y sufrido el «acoso» por parte de «personas afines al Gobierno» nicaragüense por denunciar el «abuso» que a su juicio suponen los planes de Ortega.
Según el proyecto de reforma presentado por el grupo parlamentario sandinista a la Asamblea Nacional, el presidente de la República podría ser elegido con una mayoría relativa de votos, dictar decretos ejecutivos con fuerza de ley y nombrar a militares en servicio activo para ocupar cargos en instituciones del Estado.
La reforma, pendiente todavía de aprobación en el Parlamento, eliminaría la prohibición de la reelección presidencial, lo que permitiría a Ortega aspirar a otro mandato en los comicios de 2016, que sería el tercero consecutivo y el cuarto desde que en 1984 asumió la presidencia por primera vez.
En su entrevista con Efe, el obispo nicaragüense dijo que la aprobación de esa reforma «hay que darla ya por hecha», debido a que el sandinismo controla la Asamblea Nacional con una «mayoría absoluta fraudulenta».
«Todo el texto lo consideramos viciado desde su génesis», subrayó.
El obispo aseguró que, de llevarse a cabo esta reforma, supondría el fin de la democracia representativa y el comienzo de la «democracia directa» que el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) quiere, lo que a su juicio no es otra cosa que un proyecto «neocomunista al que llaman ‘Socialismo del siglo XXI», el mismo que está en marcha en Venezuela.
La propuesta de Ortega, en opinión del prelado, supone la voladura de las cerraduras constitucionales que impiden el ejercicio del poder al candidato que haya desempeñado el cargo en dos ocasiones, que es el caso del líder sandinista, y la reelección consecutiva.
«Ahora quiere (Ortega) cambiar la Constitución eliminando dos trabas que le permitirían su reelección sin solución de continuidad y con una mayoría relativa», insistió.
Tras dejar claro que la Constitución puede ser reformada, Mata indicó que lo que es alarmante es que la propia Corte Suprema de Justicia «decretara la ilegalidad de la Constitución» y «permitiera que Ortega» se presentara como candidato a la Presidencia en 2011.
Entonces, el Supremo nicaragüense dictó una polémica medida según la cual los impedimentos legales de la Constitución para la reelección no eran aplicables para Ortega.
Pero, dado que esas normativas se mantuvieron en el texto constitucional, Ortega, que regresó al poder en Nicaragua en tras 16 años como líder de la oposición, intenta ahora suprimirlas con su reforma constitucional.
«Ortega subió al poder robando las elecciones. Y el artículo 46 de la Constitución de la República prohíbe la reelección continua y que quien ocupó dos veces la silla presidencial vuelva a optar a ella», reiteró el obispo, quien ha recibido «amenazas de muerte» y sufrido el «acoso» por parte de «personas afines al Gobierno» nicaragüense.
Mata censuró también el intento de Ortega de otorgar a los militares del país potestad para ocupar cargos civiles en las instituciones públicas, de aprobarse la reforma.
Se trata de una clara «involución. Se vuelve (con esta militarización), como si no hubiera pasado Nicaragua ya por un baño de sangre», al restablecimiento, «con otras personas y otro lenguaje», a un tipo de gobierno «somocista», el de la dinastía Somoza, contra la que surgió la revolución sandinista en 1979.
Advirtió de que «un militar está preparado para obedecer de forma taxativa y hermética» y eso, resaltó, «no favorecería el desarrollo de una institución en la que debe haber diálogo entre el Gobierno y el pueblo».
«El militar tiene una función en la nación: garantizar la seguridad en las fronteras y en casos de emergencia, pero no puede estar ocupando el puesto de los civiles», subrayó.
Se refirió también a la «violencia armada» que, según dijo, ha surgido en zonas montañosas del país centroamericano, como reacción «desesperada» ante un Gobierno «sordo que no escucha los clamores del pueblo».
Parte del campesinado «se ha vuelto a armar, ya que no ven un liderazgo de la oposición ante la avalancha» del Estado actual, advirtió.
