Managua – El obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Silvio Báez, quien se encuentra fuera de Nicaragua, apoyó la decisión tomada este viernes por el Episcopado de su país de no participar como testigo y acompañante en las negociaciones entre el Gobierno y la oposición para superar la crisis sociopolítica.
La decisión del clero fue tomada en una sesión extraordinaria de los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), en la que no participó Báez, uno de los personajes más influyentes del país, porque se encuentra en una gira por Europa.
«Apoyo totalmente la decisión de mis hermanos obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, de ‘no estar físicamente’ en las negociaciones’, sino ‘acompañando como pastores (…) ejerciendo nuestra misión profética y dedicados a la oración y al ministerio de la palabra'», comunicó Báez en sus redes sociales.
El martes pasado, el Gobierno y la Alianza Cívica acordaron invitar al cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes, en su calidad de presidente de la CEN, como testigo y acompañante de las negociaciones con las que buscan superar la crisis sociopolítica que estalló en abril pasado y que esperan que culminen «tentativamente» el 28 de este mes.
La invitación a Brenes, también arzobispo de Managua, proponía además nombrar a dos miembros del Episcopado como asesores.
La CEN informó el lunes pasado de que ni el Gobierno de Daniel Ortega ni la oposición habían mostrado interés en que los obispos tuvieran algún rol en las negociaciones, por lo que decidieron distanciarse del proceso.
El Episcopado jugó un rol trascendental como mediador y testigo en el diálogo nacional entre el Gobierno y la Alianza Cívica iniciado en mayo pasado, que fue abandonado de forma unilateral por el presidente Ortega dos meses después.
Hasta ahora el único testigo y acompañante es el nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag.
En la nueva mesa de negociación, que comenzó el 27 de febrero pasado, tampoco se han definido los garantes internacionales ni los temas de agenda.
La Alianza Cívica ha anunciado que exigirá la liberación de todos los detenidos por protestar contra el Gobierno y el restablecimiento de las libertades, derechos y garantías previstas en la Constitución.
También unas reformas que garanticen unas elecciones justas, libres y transparentes, y justicia para las víctimas de las violentas protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018.
La delegación del Gobierno, encabezada por el canciller Denis Moncada, no ha dado a conocer su agenda.
Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos locales humanitarios elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.
