Tegucigalpa – La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), presentó recientemente su informe anual sobre la situación de derechos humanos en el país durante el año 2024, en el que advierte un preocupante incremento en los ataques contra personas defensoras de la tierra, el medio ambiente y el territorio, quienes representaron el 47% de las víctimas de agresiones registradas.
Los departamentos con mayor número de casos fueron Francisco Morazán (95), Colón (45) y Choluteca (41). Además, se documentaron al menos 39 ataques contra personas indígenas y afrohondureñas defensoras de derechos o periodistas, lo que representa un 12.3% del total de víctimas.
La OACNUDH lamentó que, hasta noviembre de 2024, la Fiscalía Especial de Protección apenas había recibido 27 denuncias -la mayoría por amenazas- sin que ninguna de ellas haya sido judicializada. “Entre otros obstáculos, no existe un protocolo de debida diligencia para investigar crímenes contra defensores, pese a que esta fue una orden de reparación emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2018”, señala el informe.
Bardia Jebeli, representante de la OACNUDH en Honduras, destacó la impunidad en el caso del asesinato del defensor ambientalista Juan López como uno de los ejemplos más graves de esta falta de respuesta institucional.
Medidas gubernamentales generan recelo
Aunque la Oficina saludó la aprobación del Acuerdo Ejecutivo N°SEDH-004-2024 en noviembre pasado que autoriza compras directas para agilizar las medidas de protección, expresó preocupación por la opacidad de su implementación en un año electoral, lo que ha generado desconfianza en sectores de la sociedad civil que temen un uso político de los fondos por parte del partido de gobierno.
Asimismo, se reconoció positivamente la creación de la “Articulación por la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos” y del “Grupo Amplio para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección”. No obstante, el informe cuestiona que estos espacios estén copados por organizaciones afines al oficialismo, dejando fuera a grupos críticos de la administración de la presidenta Xiomara Castro.
Control militar de cárceles y debilidad del CONAPREV
La Oficina también criticó la prolongada intervención militar del sistema penitenciario por parte de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), extendida hasta diciembre de 2025, sin un plan de transición hacia autoridades civiles. Las denuncias de tortura y tratos crueles se mantienen, mientras que la participación de la sociedad civil ha sido obstaculizada al no juramentarse a la abogada Mildred Meléndez como representante en el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (CONAPREV), a pesar de contar con el respaldo de 17 de 30 organizaciones.
Persiste crisis en el Sistema Nacional de Protección
El informe también advierte sobre una profunda crisis institucional dentro del Sistema Nacional de Protección, citando problemas como la rotación constante de personal, falta de herramientas técnicas, ausencia de corresponsabilidad institucional y escasez de presupuesto. Se señala que los titulares de las instituciones que integran el Consejo Nacional de Protección no han participado activamente en las reuniones estratégicas, replicando prácticas del gobierno anterior.
Otro punto alarmante fue la denuncia del uso sistemático del derecho penal para obstaculizar la labor de defensores y periodistas, con procesos judiciales en curso contra miembros de los Consejos Indígenas Lencas, la comunidad garífuna de Nueva Armenia, y organizaciones campesinas como “Las Galileas”.
Además, se registraron 10 casos de detenciones arbitrarias contra defensores que ya habían sido absueltos o beneficiados con medidas sustitutivas, producto de la falta de actualización en los sistemas de la Policía Nacional, pese al convenio firmado con la Corte Suprema de Justicia para corregir esta situación.
Estigmatización y violencia contra la población LGBTI
La OACNUDH denunció la persistencia de discursos estigmatizantes por parte de altos funcionarios del gobierno contra personas críticas, lo que ha fomentado un clima de autocensura y agresiones. Igualmente preocupante es la violencia estructural contra la comunidad LGBTI: en 2024, el Observatorio de Cattrachas registró 15 muertes violentas, mientras el Observatorio KAI+ contabilizó 38, de las cuales en el 87% no se pasó de la etapa inicial de investigación.
La falta de protocolos especializados y la discriminación institucional siguen siendo barreras para el acceso a la justicia de personas LGBTI, según el informe.
Recomendaciones y omisiones
El informe concluye con 18 recomendaciones dirigidas al Estado hondureño, aunque evita entrar en confrontación directa con el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Algunos sectores consideran que este enfoque moderado refleja la tensión existente entre la comunidad internacional y un gobierno poco receptivo a la crítica, como ya se evidenció con informes anteriores del Departamento de Estado de EEUU.
La comisionada del CONAPREV en representación del Ejecutivo advirtió que existen denuncias serias de tortura en centros penitenciarios y urgió al Estado a resolver la elección del representante de sociedad civil.
A pesar de los reconocimientos puntuales a ciertos avances normativos, el balance general del informe de la OACNUDH deja en evidencia una situación preocupante para los derechos humanos en Honduras, caracterizada por la impunidad, la estigmatización, el uso político de las instituciones y la militarización de espacios sensibles como el sistema carcelario.
recomendaciones prioritarias, entre las que destacan:
-Establecer una política de seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos, priorizando la prevención de la violencia y el liderazgo de instituciones civiles, limitando el uso del estado de excepción.
-Garantizar la independencia judicial mediante la revisión y reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la creación de un Consejo de la Judicatura.
-Fortalecer las capacidades técnicas y financieras del Ministerio Público y el Poder Judicial para garantizar investigaciones imparciales, especialmente en casos de corrupción y violaciones de derechos humanos.
-Aprobar la Ley de Cumplimiento de Obligaciones Internacionales con las víctimas de la Doctrina de Seguridad Nacional.
-Avanzar en la transición del sistema penitenciario a manos de autoridades civiles, con un enfoque de derechos humanos.
-Promover la titulación de tierras y reconocer los derechos ancestrales de pueblos indígenas, afrohondureños y grupos campesinos, como medida para reducir la conflictividad social.
-Fortalecer la protección de defensores de derechos humanos, periodistas, operadores de justicia y personas LGBTI, incluyendo la adopción de protocolos específicos para la investigación de delitos contra estos grupos.
-Implementar políticas efectivas para erradicar la violencia contra mujeres y niñas, y sancionar adecuadamente a los agresores.
Asimismo, el documento reitera recomendaciones emitidas en informes anteriores, instando al Estado hondureño a cumplir con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. LB
