*Sociedad civil pide a políticos no repartirse el pastel, como ha venido ocurriendo
Detalló que en enero próximo se deberá elegir al procurador y subprocurador general de la República; en marzo al nuevo Comisionado Nacional de los Derechos Humanos; en mayo a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y al director y subdirector del Registro Nacional de las Personas (RNP) y en septiembre al superintendente de Licencias y Concesiones.
Mientras tanto, en 2016, deberán elegir a los tres magistrados del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y a los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“Ya lo estableció la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, de que es necesario que el Congreso Nacional apruebe un procedimiento adecuado para hacer audiencias públicas, evaluar de forma rigurosa la hoja de vida de todos estos candidatos a ocupar estas altas posiciones”, señaló Rivera.
En ese sentido, indicó que esperan que antes de que la junta de proponentes envíe al Congreso Nacional el listado de candidatos, haya una amplia participación de la sociedad civil, que se haga con transparencia y elegir a los profesionales que cuenten con una mejor preparación académica, una amplia experiencia profesional y fundamentalmente, honestidad, valentía e independencia.
“Estamos bastante inquietos, respecto a que estas negociaciones no sean fundamentadas sobre la base de repartirse nuevamente el pastel, porque al final de cuentas quienes más padecen sobre las erróneas decisiones del Poder Legislativo, es el pueblo hondureño, donde no tenemos ni operadores de justicia eficaces ni personas que puedan adecuadamente fiscalizar en la hacienda pública”, comentó.
Agregó que independientemente que los diputados ya estén electos, la sociedad civil debe ejecutar una acción de veeduría ciudadana y auditoría social para que sus decisiones sean pertinentes.
“No por tener una delegación en el Poder Ejecutivo, los diputados pueden ni transgredir la ley ni elegir a personas que no tienen los méritos académicos, la experiencia profesional, la honestidad y la valentía del caso; quien padece a diario el mal desempeño de todos estos operadores de justicia y entidades fiscalizadoras del Estado, es precisamente la ciudadanía”, arguyó.
En ese sentido, reiteró que lo que demanda la sociedad civil, es que por ejemplo, se atiendan las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y se establezca un procedimiento riguroso para la realización de esas audiencias públicas y que a la luz del día y con la mayor transparencia, se pueda seleccionar a esos altos funcionarios del Estado.
Cuestionó que históricamente la elección de esos funcionarios se ha hecho repartiéndose una parte cada partido mediante un pacto político y ahora que no se tiene mayoría absoluta ni mayoría calificada, la situación es mucho más compleja y se debe estar atento como organizaciones de la sociedad civil.
Por su lado, el diputado reelecto, Antonio Rivera del Partido Nacional, dijo que es válida la preocupación expresada por Rivera.
No obstante, indicó que en este momento coyuntural, la sociedad hondureña, exige madurez, seriedad y responsabilidad del nuevo Congreso Nacional al tiempo que aclaró que esos 28 altos funcionarios del Estado que se elegirán en los próximos 36 meses, 15 son los nuevos magistrados a la CSJ.
Agregó que el listado de los 15 aspirantes que se eligen en el Congreso Nacional, llegan a la Cámara Legislativa a propuesta de la sociedad civil, universidades, trabajadores, empresarios y el Colegio de Abogados de Honduras.
En ese sentido, el Congreso Nacional no se puede salir de la propuesta que viene de la sociedad civil, por lo que les pidió escoger bien y no seleccionar a los amigos, compadres o familiares y que la terna que envíen al Poder Legislativa sea la mejor para Honduras.
De su parte, Rivera aseguró que no tienen candidatos específicos que representen intereses de grupo y en la selección de los candidatos a magistrados de la CSJ, se hace un esfuerzo en base a ley.
Añadió que lo que solicitan, es un escrutinio más riguroso en base a las audiencias públicas ya que hay una legislación en el Congreso Nacional, propuesta por un diputado del Partido Innovación Nacional y Unidad (Pinu), que tiene directamente que ver con la exigencia que hizo la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el sentido que el Poder Legislativo debe completar la tramitación del proyecto de Ley Especial para las Audiencias Públicas para la Selección y Nombramiento de los Altos Funcionarios del Estado.
