Tegucigalpa- Con el análisis de las penas para los delitos contra el patrimonio cultural, tráfico ilegal de bienes patrimoniales, omisión de hallazgos de piezas arqueológicas, y la falsificación de documentos, el Congreso Nacional continuó este miércoles con la segunda fase en la sexta jornada de consultas temáticas para elaborar el dictamen del nuevo Código Penal para Honduras.
La exposición fue ofrecida por la experta internacional en derecho penal, doctora Esther Hava, con la participación de los representantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ministerio Público, Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Policía Nacional, Procuraduría General de la Republica (PGR) y Centro de Estudios de la Mujer en Honduras (CEMH), entre otros.
En ese sentido, la conferencista Esther Hava, explicó que la arqueología como patrimonio cultural, es una de las riquezas principales que tiene Honduras y por esa razón, se debe exigir que el comportamiento de las personas que trafican, u ocultan el hallazgo piezas arqueológicas, se castigue con penas de prisión y multas de acorde a los beneficios obtenidos o que se pretendía percibir de ese patrimonio cultural.
Explicó que existen listas rojas de bienes culturales en peligro en todo el territorio latinoamericano para intentar sacar bienes y venderlos en los mercados donde tienen valores incalculables.
Agregó que algunas estatuillas se han detectado en subastas públicas en Londres, en donde las garantías son mayores.
Aseveró que las piezas arqueológicas son utilizadas para el lavado de dinero procedente de otras actividades ilícitas, en el que se compra arte como un medio para blanquear o lavar dinero de los beneficios percibidos de otras actividades delictivas.
En ese sentido, la experta presentó una propuesta que contempla una pena de tres a seis años de prisión y multas económicas acorde a los beneficios obtenidos por ese ilícito.
También se abordó la temática de los delitos por falsificación de moneda y documentos, en el que se incluyeron nuevas figuras y un nuevo reordenamiento, acercados a los instrumentos jurídicos internacionales, con reformas de fondo que no contempla el código actual.
Por su parte, el experto en derecho penal Francisco Javier Álvarez, aclaró que esa reordenación le vendrá bien al país para poder perseguir mejor la falsificación de medios de pago como las tarjetas de crédito y otros.
Sostuvo que para esos delitos, son penas aplicables de ocho a 10 años de prisión sin opción a sustituirlas por pagos de multas.
Para el día jueves está programado abordar temas relacionados a los delitos contra la administración pública, enriquecimiento ilícito y delitos contra la administración de justicia, en un horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, en el Salón Galería del Hotel Juan Carlos de Tegucigalpa.
