Tegucigalpa – Se inician como “banderas” de las maras, luego dan pasos para realizar tareas más adentradas al crimen, y hasta son entrenados para matar, traficar drogas, cobrar extorsiones y un sinfín de “trabajos” propios de ese submundo.
– Según expertos, reformas a edad punible deben aplicarse de acuerdo a clasificación del delito
Una de las pruebas de aprobación para pasar el “examen que les exige la pandilla, es matar a un amigo o conocido entrañable. Es como su carta de entrada y una prueba del temple y de la frialdad de sus caracteres.
Son decenas de niños y niñas en Honduras que desde sus primeros años se inician en las redes delictivas.
Una muestra de ello, son los videos hechos públicos por los cuerpos de inteligencia del Estado esta semana, en ellos pueden observase entrenamientos de niños de entre 11 y 16 años, aprendiendo a manejar armas pesadas y afinando su puntería.
Ellos serán tras, ese curso, los sicarios de turno.
La mayoría de los niños sicarios tienen vida corta porque son muchos los que aparecen muertos, poco después de realizar “sus trabajos”, como una forma de borrar las huellas dentro de la organización criminal.
Otros son apresados y llevados a centros de rehabilitación, donde están corto tiempo, de ellos muchos con facilidad se escapan, otros son mandados a matar dentro de esos locales, mientras que muchos una vez que recobran su libertad, vuelven a “las andadas”, como se dice popularmente.
La mayoría son hijos cuyos padres los abandonaron, o de madres y padres alcohólicos, narcomenudistas, desempleados; miembros o jefes de pandillas en su primera y segunda generación. Son niños y niñas que no tienen hogar y que han crecido alejados de la mano de Dios.
Muchos son los que han encontrado en la pandilla o en la mara “su familia”. Esos testimonios suelen ser comunes cuando se conversa con ellos.
No son menos los que se inician temprano en la droga para mitigar el hambre. Eso les ocurre con el pegamento y luego con la marihuana, los consumen como un alivio ante los ruidos estomacales, producto del vacío alimenticio.
Las niñas también son activas en esta ruta de horror. Hace unos meses, Proceso Digital detalló como una quinceañera, tras asaltar a un taxista, es señalada de liderar una banda dedicada al asalto de personas, así como de conductores de taxis.
Al momento de su captura la niña llevaba una caja de pizza, en su interior guardaba las armas de fuego y municiones que utilizaba junto a sus compinches para someter a la impotencia a las víctimas.
Pero lo cierto es que cada vez más niños hondureños son protagonistas centrales en hechos criminales y ese papel ha llevado al país a plantearse discusiones donde el origen del tema pareciera resultar indiferente a los legisladores.
Modificar la edad punible
Modificar el tratamiento que se da a los menores infractores en Honduras requiere de respuestas complejas, integrales y de mediano plazo, por esa razón, la ley que se refiere a la edad punible debe de ser reformada para que los menores sean sancionados de acuerdo con el grado de delito, sugieren expertos.
El tema de la edad punible en Honduras ha generado reacciones encontradas, entre los que sugieren que se debe reformar la ley y quienes piensan lo contrario, sin embargo, es el Poder Legislativo el que tiene la última palabra.
La Comisión Interinstitucional de Justicia Penal propuso aumentar el castigo a menores infractores, al tiempo que se opone a bajar la edad punible que en estos momentos es de 18 años.
El informe brindado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta, sugiere un proceso de identificación de niños y adolescentes, creación de un expediente digital, incremento a las sanciones a la niñez infractora, creación de módulos especializados de transición, agravamiento de penas a quienes induzcan o utilicen niños para la comisión de delitos, fortalecimiento del Instituto Nacional de Atención a Menores Infractores (INAMI), creación de una Unidad Especial de Investigación Policial, y la revisión y adecuación de normas reglamentarias.
Este mayo, el presidente Juan Orlando Hernández nombró una comisión para que debatiera una posible reducción a la edad punible en Honduras, para ello ordenó realizar reuniones con distintos sectores de la sociedad hondureña.
La instrucción del gobierno de analizar el tema de la edad punible se hizo esencialmente porque, según la administración Hernández, en la mayoría de los delitos se utilizan a menores de edad, a propósito de las prerrogativas de la norma jurídica con ese sector de la población.
En ese sentido, Proceso Digital consultó con varios sectores sobre el tema los que coinciden que debe ser el Congreso Nacional el que busque una opción a través de las reformas a ley.
Tema es delicado
El director del Instituto Nacional de Menores Infractores, Felipe Morales, recordó que Honduras es signatario de convenios internacionales que el Estado debe cumplir.
Refirió que el informe de la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal plantea una serie de recomendaciones, pero está en desacuerdo en bajar la edad punible.
Sobre el documento opinó que el aumento o disminución de las penas responderán a las potestades que tiene el Congreso Nacional para reformar o no las leyes.
“Es la única salida que puede haber en este tema, después todo lo demás son opiniones ilustrativas como la de la Corte Suprema de Justicia, que son muy valiosas y que deberán de dar un norte y salida al tema que es delicado”, señaló.
Analizar marco histórico
De su lado, el reverendo Mario Fumero, manifestó que no está de acuerdo con que, a un menor de 18 años, se le aplique una sentencia fuerte y sea enviado a un centro para adultos, pues a su juicio, eso no es compatible.
Según el reverendo Fumero, el menor debe ser sometido a un estudio científico para juzgarlo de acuerdo al grado de infracción, estudio en el que se deben abordar tres aspectos: el sociológico, el sicológico o psicométrico y el siquiátrico.
Detalló que una persona es consciente de lo bueno y lo malo desde los seis años; una persona no solamente es consciente y actúa con alevosía y coherentemente de los 10 a 12 años, y sicométricamente un menor entre los 12 y 18 años, tiene desarrollada su conducta.
Explicó que cuando un menor de 12 años comete un acto violento, antes de juzgarlo hay que analizar tres factores, como su marco histórico, si fue abusado, si viene de un hogar desintegrado; segundo hay que estudiar la influencia que ha tenido en su entorno social y familiar el niño y en tercer lugar hay que hacer un estudio sicométrico para medir la conducta mental del niño.
Sanciones según delito
Explicó el reverendo Fumero que cuando un menor delinque y comete un delito leve como un robo o un asalto, llamados delitos contra la propiedad, si el antecedente que tiene el niño es de un hogar disfuncional hay que llevarlo a un programa de rehabilitación integral con oportunidades de aprendizaje y no someterlo a un régimen muy encerrado.
Agregó que, si el muchacho comete un delito grave como un asalto a mano armada, herir, agredir a una persona, ese joven tiene que estar en un régimen cerrado con un proceso de rehabilitación integrado aplicando todas las técnicas para poder reubicar su mente.
Pero cuando el muchacho es reincidente y comete un delito muy grave como un asesinato, un descuartizamiento o sicariato, ese menor entra al plano de un sicópata y a esa persona no se le puede aplicar una pena dirigida a un menor, sino juzgarlo como una persona mayor.
De esa manera cumpliría una pena como si fuera un mayor de 18 años, nada más que una parte de la sentencia la atravesaría en un centro de rehabilitación de delitos graves y después habría que trasladarlo a un centro penal normal.
Tres centros diferentes
El reverendo Fumero sugirió que el Congreso Nacional debe establecer que los menores infractores sean enviados a tres centros diferentes para que cumplan su condena de acuerdo al delito.
“No se puede meter a un muchacho que se robó un pantalón con un pandillero que asesinó, en qué cabeza cabe hacer eso, no pueden meter a un joven de 12 años que rompió un vidrio con un ladrón experto, es por eso que hay que clasificarlos por delito”, ejemplificó.
Argumentó que para los delitos leves se pueden mandar a los menores a proyectos de organizaciones no gubernamentales (ONG), como el Proyecto Victoria que él dirige, u otros para que les brinden capacitaciones y una buena rehabilitación y le ayuden a crecer.
Añadió que cuando el delito es grave, hay que encerrarlo y aplicarle un régimen de rehabilitación que le ayude a crecer.
Y cuando el delito sea muy grave hay que mandarlo a El Pozo con una metodología más rígida y un trabajo técnico de modificación de conducta.
No habrá retroceso
Para el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, las reformas que se realizarán a la ley, no serán para retroceder, sino que para buscar solucionar la problemática que existe en la utilización de muchos casos de los menores por el crimen organizado.
Señaló que se debe trabajar en individualizar la pena, “no le podemos dar tratamiento de bebé a alguien que agarra una ametralladora y ultima a varias personas”, arguyó.
Aseguró que van a ordenar y buscar soluciones con las reformas a la ley.
“Si un muchacho va desde Tegucigalpa hasta Orica a matar a su víctima lo hace con alevosía, ventaja, premeditación, no lo vamos a tratar igual que un muchachito que fuma marihuana o agarró el carro del papá y atropelló a alguien”, argumentó.
Prevención objetivo fundamental
Según la oficina local del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), una respuesta sostenida requiere de intervenciones dirigidas a abordar las exclusiones o privaciones que afrontan los niños y adolescentes en tres ámbitos: el hogar, la escuela y la comunidad.
También requiere de intervenciones tempranas en la vida del niño, desde la primera infancia, y no hasta en la adolescencia cuando ya están expuestos a riesgos.
El contexto actual de niños y adolescentes infractores debe verse como una oportunidad para hacer un debate sobre la situación de derechos de la niñez y adolescencia en Honduras, identificar los factores que incrementan su vulnerabilidad ante el crimen organizado y la necesidad de reorientar políticas públicas dirigidas a las causas estructurales, según el ente especializado.
El organismo considera que es relevante que la búsqueda de soluciones se haga desde un enfoque de protección integral y no únicamente desde una perspectiva de política criminal.
En ese sentido, la prevención es el objetivo fundamental de toda intervención penal. Lo importante de la prevención es disuadir la comisión de infracciones o delitos.
Para el Unicef, Honduras debería formular una política de justicia penal especial que tenga énfasis en la prevención del delito, la implementación de medidas alternativas a la privación de libertad, la reeducación y reinserción social de adolescentes infractores. La privación de libertad debe considerarse como un último recurso, destaca.
Asimismo, esa agencia de la ONU considera que es necesario desarrollar las capacidades del sistema de justicia penal especial, a fin de que pueda mejorar sus niveles de eficiencia, eficacia y calidad en la aplicación de justicia penal especial, garantizando el interés superior del niño y el debido proceso de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos de niños y niñas.
