«Los subsidios para los hidrocarburos son una idea muy mala», dijo Stern en una rueda de prensa conjunta con la ministra de Ambiente de Ecuador, Marcela Aguiñaga.
El economista británico, que lleva una semana en Ecuador, afirmó que los Gobiernos subvencionan algo que es «muy dañino» y de ello en la mayoría de los países no se benefician los más pobres, pues carecen de vehículo.
Stern estimó que en el mundo se dedican entre 300,000 y 500,000 millones de dólares a ese fin, un dinero que se usaría mejor si se dirigiera a ayudas directas a los pobres.
En América Latina, países productores de energía como Venezuela, México y Bolivia, además de Ecuador, mantienen artificialmente bajo el valor de los carburantes, lo que supone una gran carga para el erario público.
En Ecuador, por ejemplo, el litro de gasolina súper cuesta unos 52 centavos de dólar, lo que estimula el contrabando a Colombia y Perú, donde es más cara, mientras que en Venezuela se vende a unos dos centavos de dólar.
El ministerio de Finanzas de Ecuador prevé gastar este año 2,867 millones de dólares en esos subsidios, lo que equivale al 4% de su Producto Interno Bruto (PIB).
Pese a expresar el compromiso del país con el medio ambiente, Aguiñaga dijo que su Gobierno no cambiará su política al respecto.
«En el caso del Ecuador no hay una decisión de un levantamiento de los subsidios, evidentemente porque esto es una decisión que impacta a toda la cadena de la población, inclusive a los sectores más vulnerables», dijo.
Al mismo tiempo, la ministra destacó que desde el 1 de abril se venderá en las gasolineras del país combustible de mayor calidad y que el Gobierno ha puesto un impuesto «verde» a la contaminación que grava en mayor medida a los vehículos más antiguos y con mayor cilindraje.
En Ecuador, Venezuela y otros países de la región la subida del precio de los combustibles ha provocado en el pasado manifestaciones masivas, que en algunos casos han derrumbado a los Gobiernos respectivos.
Stern reconoció que la eliminación de los subsidios es «difícil políticamente» y sugirió suprimirlos progresivamente.
Eso es lo que hace actualmente México, según explicó Elías Freig, miembro de la Comisión Nacional del Agua en ese país, en una conferencia previa a la rueda de prensa.
Freig dijo que en 2007 el Gobierno azteca gastaba 15,640 millones de dólares en esas subvenciones, mientras que este año prevé desembolsar 8,000 millones.
