San José – El Gobierno de Nicaragua no envió representación a la audiencia que desarrolla este jueves la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) para conocer una demanda contra el Estado por violaciones a derechos de los indígenas.
«Destaco que el Estado de Nicaragua no ha acreditado agentes que lo representen en esta audiencia, pese a haber sido debidamente notificado», expresó el presidente de la CorteIDH, Ricardo Pérez Manrique, al abrir la sesión.
Por su parte, Erick Acuña, abogado de la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ente que presenta las demandas ante la CorteIDH, expresó que «la Comisión lamenta la falta de participación del Estado nicaragüense durante todo el trámite del caso».
La audiencia, que se lleva a cabo este jueves con la ausencia del Estado, corresponde al caso Pueblos Rama y Kriol, Comunidad de Monkey Point y Comunidad Negra Creole Indígena de Bluefields y sus miembros contra Nicaragua, y se refiere a diversas violaciones a los derechos humanos y territoriales de esas comunidades indígenas.
DESACATO PERMANENTE DE NICARAGUA
El pasado 29 de noviembre la CorteIDH declaró a Nicaragua en «desacato permanente» luego de que no acatara las numerosas órdenes de liberar a opositores encarcelados, ante lo cual el tribunal anunció que elevará la situación a conocimiento de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
«Subsiste un desacato prolongado por parte del Estado que pone en una situación cada vez más vulnerable a los beneficiarios de las medidas provisionales e implica un incremento en la situación de riesgo», indicó la CorteIDH en una resolución del 29 de noviembre pasado.
La CorteIDH detalló que el Estado de Nicaragua ha expresado su no aceptación y rechazo a las medidas provisionales adoptadas en favor de 75 opositores al Gobierno presos, resoluciones que tienen fechas de 24 de junio, 9 de septiembre, 4 y 22 de noviembre de 2021, así como del 25 de mayo y 4 de octubre de 2022.
En esas resoluciones la CorteIDH ha ordenado la liberación inmediata de los opositores encarcelados, entre quienes destacan excandidatos presidenciales, periodistas, líderes sociales, empresarios, estudiantes, entre otros.
La CorteIDH determinó que «la detención de los beneficiarios de las medidas provisionales, así como los procesos penales seguidos en contra de todos ellos, evidencian un proceso de hostigamiento y criminalización de las personas que se identifican en oposición al actual gobierno de Nicaragua» del mandatario Daniel Ortega.
El pasado 11 de enero el tribunal emitió otra resolución en favor de otros 11 opositores detenidos, exigiendo su liberación.
Según la información de la CorteIDH, Nicaragua ha remitido al menos 19 comunicaciones en las que ha manifestado su rechazo a las medidas provisionales «por considerar que las mismas siguen un guión impuesto por los Estados Unidos de Norteamérica» e «incluyen una narrativa parcializada».
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio
En abril de 2018, miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega debido a que respondió con la fuerza.
Las protestas dejaron al menos 355 muertos según la CIDH, aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200. JS
