Tegucigalpa – El Instituto Nacional Penitenciario (INP), informaron de la captura de una mujer por intentar burlar los controles de inspección individual al querer ingresar dos teléfonos celulares al centro penal de La Paz, zona central del país.
La detenida fue identificada como Yazmin Escobar Espino (24), quien llegó al centro penitenciario de La Paz para visitar a su compañero de hogar identificado como; Santos Gabriel Ramírez Rivera, a quien supuestamente le entregaría los aparatos móviles.
Según el informe preliminar, la fémina ocultaba los teléfonos celulares en un compartimento falso elaborado en la misma cartera que portaba. Cuando las agentes realizaban la inspección en el bolso sintieron los objetos que no estaban a la vista, por lo que al abrir el compartimento encontraron los celulares.
Por su parte, las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) afirmaron que aparte de la acción legal, la fémina será objeto de las sanciones establecidas en el Reglamento Disciplinario para Visitas. Se informó que la primera acción será cancelarle el carné de visita.
No se van a tolerar este tipo de actos, ya son varios los casos en que los agentes han decomisado teléfonos, drogas entre otras sustancias y artículos de uso prohibido para las personas privadas de libertad. Esto no se va tolerar, dijeron las autoridades del INP.
Se ha capturado a personas que intentaron ingresar o sacar del centro penal mensajes escritos en pedazos de papel, droga, medicamento no indicado, teléfonos celulares y otros artefactos que en manos de un privado de libertad representan un peligro.
Agregaron, que los agentes asignados a los diferentes centros penales están comprometidos a mantener el orden y control, mismo que no están dispuestos a perder. En los casos que se ha detectado la confabulación de agentes con las personas privadas de libertad, estos han sido puestos a la orden de las autoridades competentes.
Indicaron que a la fecha son más de 30 agentes penitenciarios los que han sido acusados judicialmente, de estos al menos la mitad se encuentra con prisión preventiva en los distintos centros penales, mientras que otros cumplen medidas sustitutivas.
Advirtieron, que todo agente o personal administrativo que se confabule con las personas privadas de libertad tendrán que asumir las consecuencias a estos actos, ya que se tomarán medidas administrativas sin perjuicio a la acciones penales.
