Así lo anunció el fiscal especial de Lucha Contra la Corrupción, Henry Salgado, quien manifestó que el gobierno puede determinar la emergencia, pero tiene que ceñirse en el marco de la Ley de Contratación del Estado que ya establece si se trata de una licitación privada o una compra o contratación directa.
“Lo preocupante es que se esté comprando directamente y no exista la necesidad de emergencia y en ese caso es posible que se esté direccionando hacia ciertas personas o intereses particulares y si ese es el caso, podrían estar sujetos a una persecución penal por estar violando la ley”, añadió.
El funcionario aseveró que se han abierto algunos expedientes y algunos se están investigando como en el caso de los contratos que se han hecho para determinar si hay alguna responsabilidad.
Señaló que esa discrecionalidad que adquiere el funcionario mediante una compra directa es lo que motiva el acto de corrupción si decide hacer la contratación o adquisición direccionándola a intereses particulares.
