Tegucigalpa – El Ministerio Público (MP) presentó ante la Corte Suprema de Justicia una nueva acusación por presunta corrupción denominada “Hermes” contra 11 funcionarios públicos, ya que de acuerdo a su investigación se sustrajeron más de 98 millones de fondos públicos por medio de lo que llama una empresa de maletín para el pago de publicidad y otras actividades, mientras Casa Presidencial dijo que ha cooperado y pidió que se respete el derecho de presunción de inocencia para los señalados.,
-De acuerdo a la acusación se sustrajeron 98.3 millones de lempiras para pago de publicidad y otras compras.
La acción la interpuso el MP, a través de su Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), en la que estableció que el 2014 la ministra de Comunicaciones y Estrategia pidió al ministro de Gestión Financiera de Casa Presidencial que se contratara a la empresa Servicios e Inversiones AID, con la cual se firmaron 29 contratos de manera directa y sistemática hasta diciembre del 2016.
Los contratos suscritos entre Casa Presidencial y la referida empresa eran para el manejo de la entrega de publicidad a medios de comunicación empresarial e independiente de forma digital y física a medios radiales y de televisión.
De acuerdo al Ministerio Público, según el comunicado emitido, la suma de los contratos es de 98.3 millones de lempiras, aunque destacó que la empresa Servicios e Inversiones AID recibió un total de 122.1 millones de lempiras, suma que sobrepasa en más de 49 millones de lempiras el presupuesto asignado a Casa Presidencial por publicidad y propaganda.
Según la acusación, los fondos también se utilizaron para la compra de vehículos, boletos aéreos, préstamos, construcción de viviendas, pago de préstamos hipotecarios, elaboración de banderas para campañas política, montaje de restaurante, alquiler de autos blindados, compra de semilla para vivero de palma africana, pagos de planilla de una empresa mercantil, y compra de una propiedad de 102 hectáreas cultivadas de palma.
Los cargos presentados contra los acusados son violación de los deberes de los funcionarios, malversación de caudales públicos por cambio de destino, fraude, lavado de activos, complicidad necesaria, testaferrato, encubrimiento agravado, en perjuicio de la administración pública y otros en la economía del Estado.
El MP indicó que presentó el caso ante la Corte Suprema de Justicia porque están involucrados dos ministros de Estado.
Colaboración y respeto
La Casa Presidencial informó que en todo momento ha brindado colaboración al Ministerio Público en su investigación y reafirmó que continuará en esa línea, pero pidió respeto al principio de presunción de inocencia de los acusados.
El Comunicado destaca que que el Ministerio Público emitió un requerimiento fiscal en contra de funcionarios y empleados de Casa Presidencial y el gobierno brindó toda la información requerida y reafirmó su compromiso de continuar dando todas las facilidades para que las investigaciones de entes judiciales se ejecuten en apego a la ley.
Pero el gobierno llamó a que los ciudadanos requeridos por el Ministerio Público se les respete el derecho de presunción de inocencia y el debido proceso.
El gobierno recordó que nadie está encima de la ley, que cada quien es responsable de sus actos y que en ningún caso la responsabilidad se transfiere a otra persona.
