Tegucigalpa – La Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución interpuso ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una Acción de Amparo en contra de la resolución de la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua contra elementos de la Policía hondureña señalados por ocultar pruebas en el caso del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres.
El 28 de agosto de 2019, fueron declarados nulos los actos del proceso penal instruido contra Juan Carlos Cruz y Miguel Arcángel Rosales Izcano por suponerlos responsables de los delitos de inutilización de registros destinados a servir como medio de prueba ante autoridad competente y falsificación de documentos públicos y falsificación ideológica de documentos públicos.
A ambos policías, la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia los acusó el 17 de noviembre de 2017 por recolectar pruebas falsas y tratar de desviar el rumbo de los hechos en las primeras pesquisas que realizaron por designación de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en el caso del asesinato de la líder ambientalista Berta Cáceres Flores.
En su Amparo, el Ministerio Público hace una exposición concreta del concepto de las violaciones alegadas y solicita la suspensión del acto reclamado por producirse un daño grave e irreparable a los intereses generales de la sociedad.
Asimismo, se plantea que la nulidad decretada por el Tribunal de Alzada, ocasiona una evidente vulneración a las garantías constitucionales enunciadas en los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República, en virtud de su inobservancia a la taxatividad que le impone tanto la norma legal ordinaria, como la convencional y constitucional, en un caso penal de connotación social al estar relacionado con la muerte de la defensora ambiental Berta Cáceres, cuyos vicios de legalidad también transgreden lo establecido en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.
Como se recordará, desde el 3 de marzo de 2016, fecha en que fue asesinada la reconocida activista Berta Cáceres Flores, el Ministerio Público, como ente responsable de dirigir y orientar técnica y jurídicamente la investigación criminal, conformó un equipo multidisciplinario de Fiscales, Investigadores (ATIC), miembros de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII) y expertos forenses con el objeto de investigar tan lamentable hecho, logrando ejecutar la Operación Jaguar el 2 de mayo de 2016 en donde fueron detenidos los primeros cuatros implicados y que al final continuó con las detenciones de un total de nueve personas de las cuales siete ya han sido condenadas como autores materiales e intelectuales de este asesinato.
Consecuentemente, la Acción Constitucional de Amparo buscara enmendar la infundada resolución que deja en libertad a los policías interconectados en este caso; para que, de esta manera, el Ministerio Público siga con las investigaciones a efecto de llevar ante la justicia a todos aquellos que resulten responsables del deleznable asesinato.
