Tegucigalpa – Un nuevo golpe a la criminalidad organizada y en este caso personificada por exaltos cargos de la Policía hondureña se propinó este martes con la ejecución de varias capturas y el aseguramiento de 31 propiedades del comisionado Lorgio Oquelí Mejía Tinoco.
– Más de cinco mil policías han sido depurados desde abril de 2016 que comenzó este proceso en el cuerpo del orden.
– El comisionado Lorgio Oquelí Mejía Tinoco es prófugo de la justicia. A la red de policías se les acusa por lavado de activos aunque no se descartan otros cargos.
Detectives de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), detuvieron a los miembros de la carrera policial: Mayron Mohamed Ibarra Sánchez, José Rolando Chávez y José Elías Bustillo Carías, señalados por los presuntos delitos de cohecho y asociación ilícita.
Mayron Mohamed Ibarra Sánchez, implicado en caso de cohecho y asociación ilícita.
El Ministerio Público (MP) informó que las acciones de aseguramientos de propiedades incluyen al núcleo familiar del comisionado Lorgio Oquelí Mejía Tinoco, quien fungió como Jefe de la Policía departamental en Choluteca.
El expediente judicial establece que de acuerdo a las investigaciones y a los análisis de ingresos realizados al jefe policial, no se justifica más de 17 millones de lempiras en su patrimonio y que no es congruente con el sueldo mensual devengado de 2012 a 2017, que es de 55 mil 395.20 lempiras.
Dentro del requerimiento fiscal interpuesto por la UF – ADPOL figuran seis policías activos y tres que fueron depurados, todos acusados por los delitos de asociación ilícita y cohecho.
Fiscales de Apoyo al Proceso de Depuración Policial y Agentes ATIC realizan la captura en Nacaome, Valle, del policía activo asignado a la UDEP-17, José Rolando Chávez, acusado de cohecho y asociación ilícita
Según la investigación dirigida técnica y jurídicamente por fiscales de la UF – ADPOL y practicada por agentes de la ATIC asignados a esa unidad, establece que entre los años 2012 – 2015 miembros de la policía asignados en Choluteca solicitaban dinero a transportistas para que pudieran trasladar el ganado sin ningún tipo de inconvenientes, constituyendo tal acto como sobornos.
Los cobros ilegales se intensificaron cuando el comisionado Mejía Tinoco fue nombrado como Jefe Departamental de la Policía en Choluteca y de acuerdo a la investigación los pagos se realizaban en efectivo y provenían del dinero que manejaban los ganaderos, mismo que se entregaba en los diferentes puntos de control, entre ellos: Pavana, El Triunfo, Namasigüe y en algunas ocasiones en las Instalaciones de la Asociación de Ganaderos de Choluteca (AGACH).
Proceso Digital conoció que por cada rastra, los ahora imputados, recibían 10 mil lempiras, “impuesto” que era cobrado por la red de policías.
#MP asegura 31 bienes a comisionado activo de la Policía Nacional y se libran capturas a otros oficiales activos y depurados https://t.co/Kv0hRDpquW pic.twitter.com/dZ53rjVjJU
— Ministerio Público (@MP_Honduras) 9 de octubre de 2018
Para realizar esta conducta y a partir de la designación del Comisionado como jefe, se conformó una estructura criminal, de la que eran parte miembros de la Unidad Departamental de Prevención (UDEP) y de la Dirección de Servicios Especial de Investigación (DNSEI). Además del comisionado activo, la acusación incluye a un subcomisionado y un comisario depurados.
Cabe señalar que el 17 de mayo de 2016 -hace 28 meses- el oficial Lorgio Oquelí Mejía Tinoco fue ratificado por la Comisión de Depuración junto a 68 subcomisionados. En esa misma oportunidad fueron cancelados 30 subcomisionados y se abrió expediente para los oficiales Mario Guillermo Mejía Vargas, actualmente preso en EEUU y ligado al crimen del Fiscal de Oro Orlan Chávez; así como para José Orlando Leiva Natarén, quien en junio de este año fue detenido en Estados Unidos por tener alerta roja acusado por lavado de activos y según la Fiscalía hondureña movió 913 millones de lempiras en dos años.
Comisión aportó información contra Mejía Tinoco
Alberto SolórzanoEl integrante de la Comisión de Depuración de la Policía, Alberto Solórzano, afirmó que las acciones del Ministerio Público contra el comisionado Lorgio Oquelí Mejía Tinoco se desprenden de información que ellos brindaron en base a documentos.
Recordó que hace unas semanas remitieron a la Fiscalía una serie de documentos en los que se retratan presuntos ilícitos de exmiembros de la carrera policial.
“Le pedimos al Ministerio Público que le diera seguimiento a algunos miembros ya depurados y otros activos dentro de la institución, para que fueran ellos los que dieran seguimiento y pudieran verificar la situaciones que se retrataban en los informes”, contó.
Aceptó que el comisionado Mejía Tinoco contó con el voto de confianza en su momento de la Comisión de Depuración. “Esta situación tiene que ver con el proceso mismo de la comisión de trabajo y con esa remisión que hemos hecho al Ministerio Público. Recordemos que no somos un ente investigador propiamente, tenemos la responsabilidad de remitir propiamente al Ministerio Público para que hagan el seguimiento respectivo”.
Insistió que “esto tiene que ver con las informaciones que hemos remitido al Ministerio Público”.
Solórzano justificó que en todas las instituciones hay personas vigentes que están actuando en forma inapropiada. “Este no es un trabajo perfecto, este es un esfuerzo que estamos haciendo, no se puede por una persona que está activa poner en duda todo un esfuerzo que se ha venido trabajando en cualquier institución porque no son perfectas, las instituciones son perfectibles, aquí lo que debemos destacar es que a diferencia de antes esta persona que está activa ahora se le está buscando deducir responsabilidad en el caso de que la tenga”, apostilló.
Operación Perseo: MP aseguró 42 bienes en caso Barralaga.
Operaciones contra malos policías
En los últimos años la Fiscalía hondureña ha ejecutado varias operaciones contra miembros de la carrera policial, acusados por delitos de criminalidad organizada.
En julio de 2017, a través de la Operación Perseo se aseguraron 42 bienes inmuebles, 332 bienes muebles en los departamentos de Francisco Morazán, Cortés, Copán, Colón y Atlántida, relacionados al caso de lavado de activos que involucró al exoficial Jorge Alberto Barralaga.
Luego mediante Operación Dignidad -febrero de 2017- se logró la captura de los presuntos responsables del asesinato del Fiscal de Oro, Orlan Arturo Chávez, hecho ocurrido en abril de 2013.
Tres oficiales de policía capturados en Operación Panamericano
En noviembre de 2016, durante la ejecución de la Operación Panamericano se logró la captura de tres oficiales de la Policía hondureña.
A finales de septiembre de 2016 también se golpeó a empleados de la carrera policial. Mediante la Operación Medusa se capturó a media docena de operadores de justicia, entre ellos a Marco Tulio Bulnes Ramírez, quien se desempeñó como administrador de la Dirección General de Servicios Especiales Preventivos de la Policía Nacional.
En julio de 2016 se desarrolló la Operación Ariete con el afán de asegurar bienes ligados a los policías acusados de narcotráfico por el gobierno de Estados Unidos.
En febrero de 2016, mediante la Operación Avalancha fue detenido el subcomisario de la Policía, Álvaro Ernesto García Calderón, acusado por asociación ilícita.
Tifón III: Capturan a expolicía Saúl Medina sospechoso de muerte del hijo de Bertetty.
Más expolicías detenidos por sonados crímenes
En diciembre de 2016, a través de la Operación Tifón III, fue capturado un elemento policial señalado de haber participado en el crimen contra el hijo del exgerente financiero del Seguro Social, Ramón Bertetty.
Es así que fue aprehendido el expolicía Saúl Medina como sospechoso del crimen.
Mientras en octubre de 2016, la ATIC capturó a otro expolicía por suponerlo responsable de la muerte de las fiscales Marlene Banegas y Olga Patricia Eufragio, hecho ocurrido en octubre de 2014 en San Pedro Sula.
El imputado fue identificado como Roberto Armando Carranza Romero, alias “Carranza”. Sin embargo, un día antes fue detenido Jacinto Mendoza García, alias el “Kamuma”, un expolicía vinculado al crimen de las dos abogadas.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó la extradición hacia Estados Unidos del expolicía, Wilmer Alonso Carranza, a quien se le acusa por varios delitos de narcotráfico.
Policías ante justicia de EEUU
Aunque son ocho elementos policiales que enfrentan la justicia en cortes de EEUU, solo dos han sido extraditados mediante la figura del auto acordado por la Corte Suprema de Justicia de Honduras. Los restantes cinco se entregaron en forma voluntaria.
Wilmer Carranza Bonilla y Ludwig Criss Zelaya Romero fueron entregados por el gobierno de Honduras a su par de EEUU, en tanto Mario Guillermo Mejía Vargas, Jorge Alberto Cruz Chávez, Juan Manuel Ávila Meza, Víctor Oswaldo López Flores, Carlos José Zavala Velásquez y Carlos Alberto Valladares Zúniga, se entregaron a las autoridades estadounidenses. Todos son señalados por delitos de narcotráfico. Los últimos tres ya fueron condenados a 5, 12 y 14 años de cárcel, respectivamente.
Así pues el proceso de depuración en la Policía de Honduras transita momentos escabrosos y se prevé más acciones de las autoridades para desarticular redes criminales lideradas por oficiales.
