Señaló que la resolución del Consejo de la Judicatura tomada este martes tiene efectos inmediatos.
Explicó que el Consejo de la Judicatura no ha hecho ninguna investigación, se ha recogido la investigación que hizo la Inspectoría General de Tribunales y en la generalidad de los casos se trata de irregularidades que involucran la mora judicial.
“Es decir hay casos que no se puso una sentencia y se tardaron ocho meses en establecerla y hay en otro caso que se tardó hasta cuatro años en dictar una sentencia”, explicó Rivera Avilés.
Aseveró que “esto podría ser un retardo malicioso o negligencia de los funcionarios”.
El Consejo está conociendo ya los 93 expedientes además de los otros que han sido ingresados recientemente a la Inspectoría de Juzgados y Tribunales.
En cuanto al patrimonio de los empleados judiciales, la Inspectoría de Tribunales está haciendo la planificación correspondiente porque no se puede hacer una investigación de manera empírica, sino que muy profesional, aseguró.
Sin embargo, estamos bajo el entendido que en el Congreso Nacional se está promoviendo disposiciones legales en las que involucra a todos los operadores de justicia incluyendo los juzgadores quienes deben ser certificados mediante las pruebas de confianza, argumentó.
Según Rivera Avilés, la depuración completa de los servidores judiciales sí es necesaria porque no se puede obligar a nadie; “Hasta este momento hay un número de más de 900 funcionarios y empleados que voluntariamente están dispuestos a someterse a las pruebas”.
Indicó que no están reguladas las disposiciones condenatorias por parte de una ley, “esta laguna fue descubierta por parte del Consejo de la Judicatura adoptando las disposiciones disciplinarias que estaban en las disposiciones”.
Sin embargo ellos (jueces suspendidos), tienen el debido proceso garantizado para que puedan acudir a defenderse y demostrar que el consejo está equivocado.
